Durante la manifestación de las y los trabajadores del Poder Judicial, la jueza de distrito Alejandra Rivera Rodríguez, adscrita al segundo tribunal laboral federal en Aguascalientes, compartió su perspectiva sobre los cambios que enfrenta el sistema judicial en México. Con casi tres décadas de trayectoria en el Poder Judicial, Alejandra es un ejemplo de perseverancia y dedicación, pues ha recorrido un largo camino desde sus inicios como oficial judicial hasta alcanzar su actual puesto.
Rivera explica que los jueces laborales, como ella, surgieron a raíz del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues una de las exigencias de este Tratado consistió en que la justicia laboral en México fuera impartida por jueces independientes. Este marco legal condujo a una reforma constitucional que permitió la creación de tribunales laborales que reemplazaron así a las tradicionales juntas de conciliación y arbitraje: “Atendemos asuntos de empresas estatales y grandes consorcios que impactan a nivel nacional”, y enfatizó la importancia de su rol en la protección de derechos laborales.
Asimismo, Rivera Rodríguez destacó que la reciente reforma que permite la elección de jueces a través de una tómbola ha provocado rechazo entre los profesionales del derecho: “Es muy triste y lamentable que quienes imparten justicia sean elegidos de manera arbitraria, en lugar de a través de un riguroso proceso de selección”, lamentó, pues esta situación no solo afecta a los jueces, sino que pone en riesgo la calidad y la independencia de la justicia en el país.
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La jueza también advirtió sobre los riesgos inherentes a su labor. La introducción de un sistema que penaliza a quienes tomen decisiones en contra de los intereses del gobierno genera un ambiente de presión y temor: “Las decisiones tienen que ser parciales, ya que hay un tribunal que puede someter a los jueces a procesos”, explicó.
A pesar de la situación actual, Alejandra Rivera Rodríguez mantiene la esperanza en el sistema judicial y espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la constitucionalidad de la reforma: “No es cosa juzgada; seguimos en la lucha. Los pasos que se están dando constituyen delitos”, y reafirmó su compromiso de luchar contra conductas arbitrarias y de continuar defendiendo la independencia del Poder Judicial: “No vamos a solapar esas conductas ilegales; seguiremos utilizando los medios legales a nuestro alcance, tanto nacionales como internacionales”, concluyó.
