En su libro Malinche, Laura Esquivel narra la historia de una mujer que creyó que el extranjero Hernán Cortés pondría fin a los crueles sacrificios y tratos inhumanos de los aztecas, solo para descubrir que la crueldad de los conquistadores sería aún más feroz y sangrienta. En esta historia, Malinalli, el personaje central, es retratada entre la reconstrucción histórica y la imaginación narrativa de su autora. Este episodio ha sido uno de los más señalados en las narrativas fundacionales de nuestra nación mestiza. Hoy, en una época marcada por el ascenso de las mujeres en el poder, Malinche sigue siendo denostada por unos y admirada por otros. Acusada de traición por amar a un extranjero o por un deseo genuino de cambiar las condiciones de su pueblo, terminó ayudando a la sumisión de su gente ante los conquistadores.
Este símbolo histórico parece seguirnos hasta nuestros días. En una tierra de encuentros, las mujeres rompen techos de cristal con su asalto al poder en México. ¿Es la Ministra Presidenta de la Corte, en su posición actual, una nueva Malinalli, que, creyendo salvarnos de las amenazas del “humanismo mexicano”, termina cediendo a los intereses económicos de poderosos grupos empresariales? Esta vez, los conquistadores no vienen de Castilla, sino de Kansas (entre otros), a través de sus intereses en empresas ferroviarias y otros sectores estratégicos.
El actual conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo contra el Poder Judicial en México ha escalado a un nivel sin precedentes. Desde 2021, las tensiones aumentaron tras varias reformas clave impulsadas por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Suprema Corte ha sido descrita como el último baluarte de poder de la oposición. Tras las elecciones de 2021, donde Morena consolidó su poder en varias gubernaturas y congresos estatales, la oposición, minoritaria en términos legislativos, ha encontrado en el Poder Judicial una plataforma para frenar las reformas del gobierno. En particular, las decisiones judiciales que han anulado partes de la reforma energética de 2020 y la reforma educativa de 2019 han sido vistas como una resistencia de las élites económicas y políticas que buscan mantener el control sobre sectores clave. Esta situación ha generado un debate intenso sobre la imparcialidad y el rol del Poder Judicial en la defensa de los intereses económicos más poderosos.
Con la Corte convertida en un baluarte de la oligarquía, la oposición se aferra a ella como a un clavo ardiente. Sin embargo, diversos jueces y magistrados ya han comenzado a renunciar, entendiendo que los nuevos tiempos requieren ajustes. Los cambios recientes en las filas judiciales reflejan este viraje, con el retiro o dimisión de aquellos que se oponen al actual régimen.
¿A quién beneficia la terquedad de unos y la falta de diálogo de otros? En este escenario, el poder unipersonal que parece ejercer la Corte bajo la presidencia de Norma Piña genera tensiones. Podríamos estar frente a un momento en que la historia de Malinalli se repite, con la entrega a los intereses de poderes ajenos al pueblo mexicano, ya sea por amor al humo de la independencia judicial o por unos centavos que las élites empresariales no desean pagar.
La lección que podemos sacar de esta coyuntura es clara: la división de poderes y el respeto a las instituciones son pilares fundamentales de la democracia. Sin embargo, cuando esos pilares son utilizados para proteger intereses particulares en lugar de los del pueblo, la traición a los principios fundacionales del país se hace evidente. Como en los tiempos de Malinalli, México se encuentra en una encrucijada. El futuro dependerá de si logramos trascender las traiciones del pasado y forjar un país en el que la justicia y el bienestar prevalezcan para todos.
“La conquista de México es un hecho histórico en el que intervienen muchas y muy diversas circunstancias, pero se olvida con frecuencia la que me parece más significativa: el suicidio del pueblo azteca”.
Octavio Paz
