A contra reloj se encuentran los fiscales electorales, ya que se requiere una reforma secundaria a la ley de delitos electorales que aún no se ha concretado. Esta reforma es necesaria para garantizar una elección segura de jueces y magistrados, informó el fiscal electoral, Daniel Gutiérrez Ruvalcaba, quien se mostró confiado en que dicha reforma se dará en las próximas semanas o meses.
Detalló que, a nivel federal, se debe reactivar la FEPADE, mientras que en lo local es necesario que todas las fiscalías especializadas en delitos electorales establezcan reglas claras sobre la utilización indebida de recursos públicos y la intromisión de la delincuencia organizada en los comicios: “Debe haber una persecución de estos delitos electorales”, subrayó.
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Gutiérrez Ruvalcaba explicó que la reforma judicial es un proceso que inició rápidamente y con poco tiempo de preparación. Incluso, en el ámbito local, aún faltan reformas que permitan la elección de jueces y magistrados, entre otros cargos; sin embargo, indicó que los Congresos tienen 180 días para completar estas reformas.
Aunque el tiempo apremia, se espera que la reforma general esté lista a principios del próximo año. No obstante, aún falta aprobar las leyes secundarias, particularmente en lo relacionado con delitos electorales, que todas las fiscalías deberán tener para poder operar de manera efectiva: “No basta con un reglamento del instituto para que las fiscalías entren en funciones; hay que recordar que estamos hablando de derecho penal y constitucional, por lo que debe estar contemplado en la ley”, y señaló que pueden colaborar con la federación, como lo han hecho en procesos electorales anteriores; sin embargo, resaltó que el próximo año también se elegirán cargos del poder judicial local, por lo que están a la espera de la reforma que permitirá avanzar en ese proceso.
Asimismo, mencionó que la fiscalía electoral aún tiene pendientes alrededor de 20 carpetas de investigación relacionadas con el proceso electoral más reciente. Gutiérrez Ruvalcaba aseguró que están por concluir dichas investigaciones, lo que permitirá determinar si se judicializan o si no existen los elementos suficientes para hacerlo.
Entre las carpetas que podrían ser judicializadas, señaló que algunas están relacionadas con la utilización de recursos públicos con fines electorales, otras con violencia política de género y algunas más con la coacción del voto: “Básicamente, las pendientes aún están por definirse, ya sea concluyéndolas sin necesidad de llegar a un juzgado penal o avanzando hacia la judicialización”, detalló.
Finalmente, Gutiérrez Ruvalcaba mencionó que esperan concluir estas investigaciones a principios del próximo año o a finales de este, ya que de las 78 carpetas de investigación integradas, solo 20 permanecen activas.
