La situación a la que pudieran enfrentarse es que se simule que se acata
Mariana Ávila Montejano, coordinadora del Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA,) explicó que aunque se anunció que presentarían la solicitud para la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado para Aguascalientes fue hasta hace una semana cuando se realizó el trámite formalmente ante la Secretaría de Gobernación y a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, por lo que ahora solo queda esperar la respuesta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), al ser la instancia que coordina este tipo de casos.
El siguiente paso para las organizaciones de la sociedad civil, es decir el OVSGA y el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), que coordinan esta gestión, será esperar el apercibimiento para presentar los documentos originales de la solicitud como parte del trámite; la expectativa para el paso siguiente es que sea admitida.
La activista consideró poco probable que sea negada la solicitud, ya que el agravio comparado que argumentan es evidente, cometido por parte de las autoridades locales por transgredir los derechos reproductivos de las mujeres y personas gestantes, por lo que solo resta esperar el proceso.
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“La otra parte a la que se enfrentan las personas que inician con un proceso como este es que se simulen las cosas. Es lo que nos preocupa al emitirse la alerta de género: que no se vayan a plantear avanzar, que no se realicen las modificaciones o que en realidad el estado no tenga ningún tipo de voluntad para cambiar las cosas de que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a los derechos humanos, en especial al derecho a la salud integral”, manifestó Ávila Montejano.
Las organizaciones de la sociedad civil organizada lanzaron un llamado urgente a las autoridades nacionales para que emitan la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Aguascalientes, argumentando que las recientes reformas legislativas que modifican el lapso de tiempo de la interrupción legal del embarazo, de 12 a seis semanas, a pesar de la resolución del 30 de agosto de 2023, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios artículos del Código Penal de Aguascalientes que criminalizaban el aborto.
