- La jueza Elizabeth González Mota considera que la reforma al artículo 105 representa un retroceso comparable al de 1960, poniendo en duda la libertad de expresión y los derechos fundamentales
- La exposición pública de jueces y la falta de independencia entre los poderes del Estado están llevando a una anarquía jurídica en México
- Las reformas recientes dificultan la defensa de los derechos de aquellos con menos recursos, generando un galimatías jurídico que complica el acceso a la justicia
“Una pregunta que tenemos que formularnos es la siguiente: ¿para qué queremos jueces?”, señala la jueza Elizabeth González Mota, “esta pregunta nos lleva a esta respuesta: los poderes Ejecutivo y Legislativo están debilitando al Poder Judicial y, ante la ausencia de jueces, pronto estaremos en un estado de anarquía”, advirtió la jueza. La situación es aún más grave con el artículo 123, que establece el derecho de huelga, que se ve amenazado por las reformas que buscan limitar las manifestaciones.
La justicia laboral en México ha tomado un nuevo rumbo desde la implementación de la reforma laboral, y Elizabeth González Mota, titular del primer tribunal laboral federal de asuntos individuales en Aguascalientes, es una de las figuras clave en esta transformación. González Mota compartió su visión sobre los cambios en el sistema judicial y su compromiso con la defensa de los derechos humanos y laborales.
Elizabeth González Mota, con una trayectoria profesional de 30 años en el ámbito judicial, fue parte fundamental del proceso que dio lugar a la reforma constitucional en 2017 y a la reforma legal en 2019. Desde 2022, los tribunales laborales federales han comenzado a operar en todo el país, resolviendo controversias entre trabajadores y empleadores bajo un nuevo paradigma que prioriza los derechos humanos.
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“La responsabilidad fundamental de nosotros es resolver esas controversias, pero bajo un paradigma distinto, teniendo como regla fundamental los derechos humanos, los derechos de los trabajadores y de los empleadores”, enfatizó González Mota. Este nuevo enfoque representa un avance significativo respecto a las antiguas juntas de conciliación, permitiendo un acceso más directo a la justicia laboral.
Su carrera no fue sencilla. A pesar de sus años de dedicación, tardó 21 años en alcanzar el cargo de juez: “La competencia es durísima,” confesó, “el sistema de selección requiere que los aspirantes demuestren experiencia en materia laboral, lo que añade un nivel de dificultad al proceso”.
La reforma laboral llega en un momento delicado para el Poder Judicial, que ha sido objeto de críticas y ha enfrentado desafíos significativos. González Mota no escatimó en señalar que, en su opinión, el Poder Judicial está en plena destrucción. Esta afirmación resonó especialmente tras su decisión de declinar su participación en las elecciones para un nuevo cargo, una decisión que tomó con gran pesar, pero que consideró necesaria.
“La inamovibilidad judicial tiene una razón de ser. La independencia judicial no solo es una garantía de los juzgadores, también es una garantía de la sociedad en general,” argumentó, haciendo hincapié en la importancia de contar con jueces con capacidad probada, imparcialidad y sometidos al escrutinio público. González Mota expresó su frustración por la falta de diálogo en torno a la percepción de corrupción dentro del Poder Judicial, señalando que nunca ha tenido quejas en su carrera y que la idea de que los jueces son corruptos es un estigma que no corresponde a la realidad.
La situación actual del Poder Judicial, con varios ministros declinando sus postulaciones, refleja un clima de incertidumbre y desconfianza: “A mí nadie me dijo que yo fuera corrupta” y subrayó la necesidad de restaurar la confianza en la institución y la importancia de una justicia efectiva y justa. Por otro lado, la jueza mencionó que el público tiene acceso a las audiencias en su tribunal, un paso hacia la transparencia y el entendimiento del proceso judicial: “Las audiencias son públicas. La población puede venir a ver cómo funciona” y resaltó su compromiso con la apertura y la comunicación con la sociedad.
En el contexto de las recientes reformas laborales y constitucionales en México, Elizabeth González Mota, también abordó aborda las implicaciones de las reformas, que considera un retroceso en la defensa de los derechos fundamentales.
Al respecto, precisó que la reforma al artículo 105 de la Constitución ha suscitado un intenso debate, y González Mota no duda en calificarla como un retorno a la represión de la década de 1960: “Sin el reconocimiento de los derechos fundamentales, la población pierde la posibilidad de defenderse. Veo en duda el derecho a la libertad”, y agregó que las manifestaciones de miembros del Poder Judicial en la Ciudad de México son un reflejo de la creciente represión a la libertad de expresión, lo que pone en peligro derechos consagrados en el artículo 8º de la Constitución.
Además, la jueza mencionó que la reciente reforma carece de congruencia con la Constitución, señalando que las modificaciones a la materia judicial están vulnerando el respeto a los tratados internacionales que México ha ratificado: “La supremacía constitucional debería ser un límite al poder totalitario del Estado, pero, desafortunadamente, el discurso oficial está llevando a un caos jurídico”, enfatizó.
La titular del tribunal consideró que la exposición pública de jueces y juezas, como el caso de una magistrada exhibida por el poder ejecutivo, es un indicativo alarmante de la erosión del Estado de derecho: “Estamos llegando a un punto en que se busca a quienes se alinean a las demandas del gobierno, lo que deslegitima nuestra función”, advierte. González Mota sostiene que los tres poderes del Estado deben actuar con independencia, pero lamenta que la cohesión entre ellos está siendo sacrificada por intereses políticos.
Conforme a las reformas constitucionales recientes, la jueza señaló que existe un creciente temor entre los ciudadanos sobre la protección de sus derechos de propiedad: “La reforma al artículo 27 crea incertidumbre. Si la nación es la propietaria, ¿quién podrá impugnar esta decisión?”, cuestionó González Mota para luego acusar la falta de diálogo y análisis en la reforma, en tanto que puede llevar a un galimatías jurídico que perjudicará a quienes menos recursos tienen para defenderse.
“Las reformas que se han hecho son técnicas y conceptualmente defectuosas. El error que se cometió en las reformas del ’92 y ’94 aún perdura, y ahora el riesgo es mayor”, explica. En este sentido, advierte que los más afectados serán aquellos con menos recursos, quienes no tendrán la posibilidad de defender sus derechos.
González Mota no escatima en críticas hacia el papel de los legisladores y su aparente falta de compromiso con la democracia: “Quien defiende sus privilegios son los senadores y diputados, que conocen las fallas en la reforma pero optan por callar ante el riesgo de perder su estatus”, sostiene.
Al ser cuestionada lo que representa para ella el caso del ministro Arturo Saldívar, quien fungiera como presidente de la Suprema Corte y que renunció para militar en el oficialismo, en un acto cuando que traicionó todos los principios del Poder Judicial, la jueza Elizabeth González Mota señaló:
“Eso no solamente lo estamos viendo en el ministro Saldívar, ¿qué representa para mí? Representa que no tenemos principios, sino que los vendemos o tenemos principios a nuestra conveniencia, a conveniencia de quien gobierna. Y decía una persona hace unos días: ‘Es que estos son mis principios: la independencia judicial, la democracia, la progresividad de los derechos fundamentales, protegerlos. Esos son mis principios. Pero si no les gustan, puedo tener otros que le acomoden a sus necesidades’. Eso es lo único que puedo decir del ministro Saldívar: acomoda sus principios a las necesidades, pero, además, ese es un problema del país. O sea, no solamente el ministro Saldívar. También escuché al senador Gerardo Fernández Noroña peleando, hace cinco o seis años, que el ejército no podía estar en las calles, porque el ejército en las calles vulnera derechos fundamentales. Es un peligro. Y ahora llega al poder y dices tú: ‘¡qué bueno que llegó al poder porque va a meter el ejército a los cuarteles’. Y no. Viene a aprobar la reforma por la cual luchó que no se aprobara. Y lo mismo pasa con el diputado Ricardo Monreal, porque también lo escuché decirlo”, afirmó la jueza González.
Finalmente, la jueza advirtió sobre la necesidad de una reflexión crítica y un diálogo real sobre las reformas: “La independencia judicial y el respeto a los derechos humanos deben prevalecer, no podemos acomodar nuestros principios a conveniencia”, concluyó.
