Bajo presión
Pausa
La revolución de las conciencias era uno de los logros que con mayor satisfacción se adjudicaba Andrés Manuel López Obrador, presumía el expresidente que gracias a su gobierno, el pueblo de México ya no podía ser engañado porque estaba politizado. Es posible, no lo creo, además, creo que la politización mencionada sólo consistió en radicalizar los puntos de vista, llevar a los extremos y que las opiniones valieran por quién las emitía antes que por los argumentos que aportaba.
Ahora, más que politización se requieren conocimientos para entender si estamos o no a punto de una crisis constitucional, decidir con cuál de todas las definiciones de supremacía constitucional nos quedamos y estar preparado para juzgar lo que ocurra el próximo martes, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto de resolución a la reforma del Poder Judicial del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Esto último si la Corte no acata la exigencia de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, quien exigió a la Suprema Corte que cancele todos los procesos en contra de la reforma judicial que ordena la elección de funcionarios judiciales.
Se requiere algo más que ser pueblo politizado, se requiere ser ciudadano para tener la calma que pidió la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, cuando respondió a lo que se dice desde la comentocracia: “ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir. O sea, tranquilos (…) Vamos a esperar. Y a toda la ciudadanía: todos somos responsables de conocer la Constitución, no es solo para expertos, no es solo para constitucionalistas, para abogados, es lo que nos rige como mexicanas y mexicanos. Y habrá artículos que a lo mejor son más complejos de entender, pero hay algunos que son claros, absolutamente claros (…) Calma, tranquilos, amor y paz. Vamos a esperar a que resuelva la Corte (…) Y a la gente decirles: primero, que a mí me eligió el pueblo de México; y que ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo, y eso lo dice el 39 Constitucional, quien es el soberano. Y segundo, esperar, no nos adelantemos. Y tercero, apelar a las ministras y ministros. Si todavía tienen algo de conocimientos en Derecho, pues que actúen en consecuencia. Porque también, el proyecto del ministro Alcántara es un, de verdad, un posicionamiento político, no tiene nada que ver con las leyes o con la Constitución, que también ellos juraron defender”.
Me permití la cita extensa por dos razones, si bien la presidenta califica de posicionamiento político el proyecto de resolución que se votará el martes, es justo una salida política la que se requiere para que no haya enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, lo que propone el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá permitiría a todos hacer una pausa en todo este proceso, resolver el presupuesto requerido para la elección de personas juzgadoras, buscar caminos de reconciliación con los trabajadores del Poder Judicial y, en especial, dar ejemplo de serenidad a la desbocada mayoría oficialista en el Poder Legislativo que, gandallas como son, se ufanan en romper todas las marcas para que en diez horas, 23 Congresos locales ratificaron el dictamen remitido por la Cámara de Diputados para declarar la constitucionalidad de la reforma a los Artículos 105 y 107 de la Carta Magna en materia inimpugnabilidad.
Lo que más llama mi atención de la declaración de la presidenta, si bien siempre enfatiza que el pueblo la eligió, desde hace mucho tiempo no se empleaba el término “ciudadano”. Desde los tiempos de López Obrador se prefirió dirigirse al “pueblo bueno”, se menospreció cualquier cosa que implicara la participación ciudadana.
Sí, Pueblo es un término más amplio que Ciudadano, se refiere a una identidad común, no está limitado por fronteras políticas o legales, pero no es ese el uso que el oficialismo establece en el discurso, si usa pueblo es con la intención de relacionarlo con el nivel económico (no puede haber pueblo pobre, con gobierno rico); además, la ciudadanía se gana, es un concepto político que refiere el ejercicio de derechos y obligaciones de las personas con el Estado.
Al oficialismo no le convienen los ciudadanos, porque la ciudadanía cuestiona y participa.
Coda. Tiene razón la presidenta, todos somos responsables de conocer la Constitución, las generaciones más jóvenes llevan en la primaria una materia llamada Formación cívica, ahí es su primer acercamiento a la Carta Magna; acercamiento que los legisladores del oficialismo parecen no tuvieron, lo que nos debe preocupar porque si son los únicos responsables de modificarla y ya nadie va a poder revisar los cambios que realicen, ¿quién nos asegura que la entiendan?, los diputados, como representantes del pueblo, no tienen requisitos académicos para llegar a la Cámara, y en sus manos estamos.
@aldan
