- Juana Fuentes, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, intervino ante la CIDH para denunciar los ataques a la independencia judicial en México
- La reforma constitucional, impulsada por el estado mexicano, busca destituir a miles de juzgadores y reemplazarlos por un proceso de insaculación que atenta contra los principios democráticos
- La creación de un Tribunal de Disciplina Judicial y el cambio al sistema de selección por voto popular amenazan con politizar la justicia y eliminar los contrapesos necesarios para la democracia
Intervención de la Jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos.
Buenas tardes, tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi carácter de directora de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito mexicanos. Saludamos con respeto a la delegación del Estado Mexicano.
Estamos aquí porque creemos firmemente en esta Comisión defensora de los derechos humanos y de las instituciones democráticas. Hoy, la independencia judicial en México enfrenta un ataque sin precedentes, se trastoca el equilibrio de poderes y, con ello, los derechos fundamentales de todas las personas.
Desde hace seis años hemos enfrentado ataques sistemáticos del estado y del partido oficial. Esta narrativa se materializó en la reforma constitucional que atenta contra la independencia judicial.
Las principales preocupaciones en torno a esta reforma, son: (primero) destitución masiva de personas juzgadoras; (segundo) cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; (tercero) creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, (cuarto) y regresividad de derechos laborales.
La reforma justifica una purga masiva de juzgadores, bajo un argumento de corrupción generalizada que no ha sido respaldada ni por pruebas ni denuncias y destituye a los 1,800 titulares federales a través de un proceso de insaculación (tómbola), la mitad en 2025 y los restantes en 2027, violando su garantía de permanencia en el cargo.
Le pedimos al estado que responda: ¿La corrupción se combate a través de procesos electorales? ¿Cuál es la justificación para destituirnos masivamente? ¿Se garantizó el debido proceso a los titulares destituidos?
Es claro que el estado no puede responder ninguna de estas preguntas, pero, además, esta reforma incumple los estándares internacionales, de contar con un poder judicial robusto e imparcial.
El nuevo proceso de selección y nombramiento por voto popular no garantiza la selección de candidatos idóneos e independientes, ya que los requisitos para participar en el proceso electoral no consideran la experiencia judicial ni la formación académica. Se abre la puerta a intereses políticos, económicos e incluso criminales. No será el pueblo quien elija a los jueces sino los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Además, la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, electo por voto popular, representa una seria amenaza para la independencia judicial y vulnera la garantía del derecho a un juicio justo y la libertad de criterio de las personas juzgadoras. Prueba de ello, el desacato a las resoluciones judiciales y la persecución y ataque a personas juzgadoras.
Resulta tan clara la intención de eliminar el sistema de contrapesos democráticos, que a la reforma judicial, le siguió la de “supremacía constitucional”, que anula los medios de impugnación contra los actos que vulneran derechos humanos. Pedimos nuevamente al estado que responda: ¿Qué protección le queda a un ciudadano cuando una reforma constitucional contradice sus derechos fundamentales?
Por si fuera poco, hubo una constante simulación de diálogo por parte del Congreso mexicano. No fuimos escuchados. Es hasta hoy que se produce el primer ejercicio de interacción con el estado, fuera del país y en esta instancia.
Tampoco se escuchó a la relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados de las Naciones Unidas, quien alertó sobre el impacto democrático de desmantelar al Poder Judicial.
La democracia muere en la oscuridad, y el primer paso hacia esa oscuridad es el control de la justicia.
Honorables comisionados.
No permitan que México transite ese camino, en nombre de todos los jueces, magistrados y ciudadanos que creen en la justicia y en el México libre que merecemos, les pido que actúen, que defiendan con nosotros esta causa que no es solo de México, sino de toda América. Porque, como dijo alguna vez el jurista argentino Carlos Santiago Nino: “La democracia no se construye sobre la obediencia, sino sobre el respeto al derecho y a la justicia”. Y hoy, nuestro derecho y nuestra justicia en México están en peligro.
