- El gasto público para 2025 aumenta, pero con un déficit presupuestario de 5.9%, que se busca reducir al 3.9%, lo que afectará áreas como inversión pública y organismos autónomos
- Recortes significativos en secretarías como Defensa Nacional (43.8%), SEMARNAT (39.4%) y Seguridad y Protección Ciudadana (36.2%) contrastan con aumentos al INE y el Poder Judicial
- Las proyecciones optimistas de Hacienda en crecimiento económico (2%-3%) podrían no cumplirse según organismos internacionales, lo que pondría en riesgo el cumplimiento de compromisos financieros
Dafne Viramontes, presidenta del Colegio de Economistas de Aguascalientes, analizó el Paquete Económico federal para el ejercicio 2025, destacando sus principales características y posibles repercusiones. Señaló que, como se preveía, el gasto público aumentó considerablemente, especialmente en programas sociales, aunque sigue faltando una estrategia de recaudación clara para sostener este nivel de gasto.
Explicó que el presupuesto presentado es moderado y, en términos reales, registra una disminución del 3.3% al considerar los efectos de la inflación. Además, destacó recortes importantes en áreas clave: “Se observa una reducción del 43.8% en la Secretaría de la Defensa Nacional, 39.4% en la SEMARNAT y 36.2% en Seguridad y Protección Ciudadana”. Viramontes indicó que estos recortes reflejan una limitación del gasto en la administración pública para cumplir con compromisos inevitables como el pago de salarios, pensiones, transferencias sociales y deuda.
Dentro de este ajuste presupuestal, resaltó el aumento en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y el Poder Judicial, que buscan una reestructuración, mientras que el INEGI enfrenta un recorte del 17.6%, lo que podría impactar proyectos relevantes, como la encuesta intercensal. Según Viramontes, estos recortes se concentran en áreas con mayor flexibilidad, como secretarías, organismos autónomos e inversión pública, aunque también afectan proyectos de infraestructura en curso. En seguida, agregó: “La razón principal detrás de estos ajustes es el déficit presupuestario del 5.9%, que Hacienda pretende reducir a la mitad; sin embargo, se espera que el ajuste lo disminuya solo al 3.9%, lo cual mejora las finanzas públicas, pero limita la capacidad institucional y, en última instancia, afecta el bienestar de la población”.
En cuanto a los criterios de política económica, Viramontes expresó que las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público son optimistas comparadas con las de organismos internacionales como el FMI, el Banco Mundial y el Banco de México, los cuales estiman un crecimiento de entre 1.2% y 1.5%. Hacienda, por su parte, proyecta un rango de entre 2% y 3%. “Esta diferencia es crucial porque los ingresos públicos dependen directamente del crecimiento económico. Si la economía se desacelera, el gobierno tendría que recurrir a otros mecanismos para cumplir sus compromisos financieros”, advirtió.
Finalmente, concluyó que tanto el gobierno federal como el estatal están apostando por una mayor recaudación sin aumentar ni crear nuevos impuestos y sin una estrategia clara para ampliar la base de contribuyentes, cuestionando cómo se alcanzarán estos objetivos en un contexto económico complicado.
