- Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, condenó la falta de acción de las autoridades en el caso de Valeria y sus dos hijos, encontrados sin vida en San Francisco de los Romo. Este feminicidio, que pudo haberse evitado, evidencia graves omisiones en el sistema de protección a mujeres en situación de violencia.
Valeria desapareció el 23 de octubre. Fue hasta el 26 de ese mes que las autoridades emitieron la primera alerta, pese a que cuatro meses antes ella había denunciado amenazas por parte de su expareja. A pesar de que la familia proporcionó información clave sobre el domicilio donde se encontraba el agresor, las autoridades tardaron semanas en actuar. “La fiscalía especializada en personas desaparecidas incluso sugirió que ella había decidido irse con alguien más, ignorando las denuncias y las señales de alerta”, expresó Ávila.
Durante días, Valeria y sus hijos estuvieron vivos, pero las autoridades no implementaron mecanismos básicos de búsqueda. Finalmente, fueron localizados sin vida en una vivienda con ventanas selladas con cemento, como alternativa del municipio para que no se accediera al inmueble, lo que, según Ávila, pudo haber contribuido a la falta de detección temprana.
El caso de Valeria no es aislado. Según el Observatorio, Aguascalientes suma este año 17 muertes violentas de mujeres que deberían ser investigadas como feminicidios. Sin embargo, la fiscalía no reconoce muchas de estas muertes bajo ese marco legal.
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Ávila señaló que las omisiones no solo son individuales, sino estructurales. “Miles de llamadas al 911 por violencia de género no reciben seguimiento. Las mujeres identifican a sus agresores, proporcionan detalles, pero la atención se detiene ahí. Tenemos un sistema que responsabiliza a las víctimas, las criminaliza y las deja en total desprotección”, denunció.
Un ejemplo reciente fue el caso de una niña de 10 años atacada por un agresor que ya había sido denunciado por otras dos víctimas en la misma zona. A pesar de las denuncias previas, las autoridades no actuaron hasta que ocurrió el ataque contra la menor.
Ávila destacó que las soluciones ya existen en el marco legal y los modelos de atención, pero no se implementan por falta de voluntad política y recursos. “El modelo de atención integral contempla la geolocalización de llamadas al 911, intervención inmediata, redes de apoyo, atención psicológica y seguimiento. Todo esto está diseñado, pero no se ejecuta”, explicó.
Hizo un llamado a contratar personal capacitado, como psicólogos y trabajadores sociales, para atender casos de violencia y dar seguimiento a las denuncias. Además, enfatizó que se requiere mayor inversión en este rubro, señalando que los recursos se desvían a fideicomisos sin impacto real.
El Observatorio también denunció la falta de políticas públicas que aborden la violencia de género desde su raíz. “Seguimos reforzando estereotipos de género y la cosificación, en lugar de implementar medidas preventivas que eduquen sobre relaciones igualitarias y saludables”, dijo Ávila.
En el caso de Valeria, la negligencia institucional permitió que el agresor continuara actuando impunemente. “Tenían toda la información meses antes: las denuncias, el domicilio del agresor, los antecedentes. Las autoridades no hicieron nada porque no quisieron”, acusó.
Mariana Ávila concluyó con un llamado a la sociedad y a las autoridades. “Valeria, Alexander y Yael deberían estar vivos, al igual que todas las mujeres asesinadas en Aguascalientes este año. Es responsabilidad de las autoridades garantizar una vida libre de violencia, y de la sociedad exigirlo. No podemos permitir que estos casos sigan ocurriendo”.
El Observatorio reiteró la importancia de fortalecer los mecanismos de atención, garantizar recursos y voluntad política para implementar modelos ya existentes y priorizar la vida y seguridad de las mujeres en el estado.
