- En dichas redes están involucrados trabajadores institucionales, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda
Ante el rechazo que se ha mostrado a la reforma a la Ley del INFONAVIT, la presidenta Claudia Sheinbaum instituyó mostrar la red delictiva permitida desde la estructura que impide la auditoría al interior del instituto y quienes cometen actos irregulares.
Entre los actos delictivos, está la triangulación de dinero entre empresas contratadas por el instituto, el no pago de penalizaciones y, al contrario, indemnizaciones para empresas que incumplieron, así como la venta de un mismo inmueble hasta en cientos de veces.
En dichas redes están involucrados trabajadores institucionales, notarios, despachos y peritos valuadores, que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda, por ejemplo.
Lo que el gobierno plantea con la reforma es un cambio en la estructura del INFONAVIT que sea transparente, lo cual “es contrario a lo que está diciendo la oposición, que no son los trabajadores”.
La mandataria agregó que lo que buscan es que haya transparencia y controles y que no se den estos actos de corrupción, dado que actualmente el INFONAVIT tiene una estructura que impide que se transparenten los procesos y que ahora se plantea que se permita el control claro sobre los ahorros para que los trabajadores tengan la certeza de en qué se están usando sus recursos.
El gobierno también apunta a que no sólo sea fondo de ahorro que permita a desarrolladores construir sino que se cumpla el derecho a la vivienda.
El director general del INFONAVIT, Octavio Romero Oropeza, explicó que en resumen la reforma plantea que se respeta el tripartismo paritario en los Órganos de Gobierno del INFONAVIT; se homologa el esquema de gobierno corporativo al del IMSS.
También que el director general como representante del Ejecutivo, será nombrado y removido directamente por la presidenta de la República. Se eliminan las direcciones sectoriales (de trabajadores y empresarial), que no tienen funciones sustantivas ni responsabilidades, pero sí prerrogativas y percepciones económicas muy por encima del sueldo de la presidenta de la República.
Se termina el esquema de pago por asistencia a las sesiones de asamblea, consejo, comités y comisiones, de los integrantes de los sectores, que actualmente oscilan entre los 60 y 90 mil pesos cada sesión.
Dijo que hay denuncias presentadas pero al pedirle detalles llamó a esperar para dar toda la información y por el momento expuso que el objetivo es que se sepa que con la ley se busca erradicar la corrupción, que sea transparente para que realmente se usen sus fondos para vivienda y quienes no tengan necesidad de aplicarlos, que los reciban para su jubilación.
“Hacer vivienda social que es el objetivo central”, agregó, además de destacar que hoy no permiten que se hagan auditorías.
Romero Oropeza aseguró que hasta ahora se han opuesto a que la Auditoría Superior de la Federación intervenga para vigilar el uso de los recursos, incluso al grado de obligar a exdirectores a ampararse contra los resolutivos.
