Conforme a la ruta de trabajo establecida por la comisión de Gobernación en la H. Cámara de Diputados, las reformas propuestas por el Presidente de la República a la Ley de Seguridad Nacional deberían estar en fase de consulta con funcionarios y sociedad civil a finales de este mes. Así, deberían ponerse a votación durante el período ordinario de sesiones que inicia en septiembre de 2011.
Dichas reformas propuestas a la ley emitida en 2005, buscan otorgar total discrecionalidad al presidente para militarizar al país y, usar al ejército contra conflictos sociales, políticos, laborales o electorales. Se asume a la seguridad nacional como responsabilidad de todos y, en ese sentido, de forma similar a la “Ley Patriótica” de los EEUU, establece la obligación de los habitantes del país para colaborar en su prevención y preservación. Cualquiera puede denunciar por sospechas a otros –enfrentando a los ciudadanos con distinta ideología- y transfiriendo la averiguación de delitos al campo de las revanchas grupales o personales. Hecha la denuncia, recae en el denunciado, la carga de la prueba respecto a su inocencia.
La reforma busca crear la figura de “declaración de existencia de afectación de la seguridad pública” (DEA) para suspender derechos; no requeriría de autorización del Congreso, la haría el ejecutivo o el Consejo nacional de Seguridad. En tales condiciones, puede emitirse una DEA por cualquier cosa: por lucha contra el crimen organizado, por conflictos sociales, políticos, laborales o electorales.
Siendo un concepto nebuloso para la mayor parte de la gente y de los propios políticos, la seguridad nacional se asocia a menudo con las acciones encubiertas de las policías y el ejército; de allí tantos desatinos en la materia. Estudiosos como Javier Ibarrola señalan que en toda la legislación al respecto, pero en particular en la ley en cuestión, permanece la confusión entre los conceptos de seguridad nacional y seguridad interior.
En un encuentro con integrantes de la Comisión de Defensa Nacional, el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, el sacerdote Alejandro Solalinde, el activista Eduardo Gallo y el poeta Javier Sicilia, criticaron la “opacidad” y el “desaseo legislativo” con que es manejado este tema, en el cual, dijeron, solamente se están “protegiendo intereses de partido”. Sicilia, incluso calificó de “crimen amparado en la legalidad” el que se pretenda aprobar una ley que no cuenta con el consenso social, mediante un “albazo”.
Amnistía Internacional ha considerado “imprescindible” que el Congreso rectifique el sentido de la iniciativa de reformas, que en caso de ser aprobadas “debilitaría gravemente la protección de los derechos humanos en México”. Particularmente grave es la intención de otorgar amplias facultades al Poder Ejecutivo para decretar el estado de excepción en regiones del país o para proceder en contra de movimientos sociales. Con ello se crearían las condiciones para imponer proyectos regresivos en ámbitos tan sensibles como el laboral, el educativo o el de la seguridad social. Esto significaría regresar 100 años el reloj de la historia con la conformación de un régimen autoritario y policíaco.
Carlos Fazio, ha escrito en “La Jornada” que de aprobarse, se profundizaría la criminalización de la protesta. En virtud de la interpretación discrecional del Ejecutivo y miembros del Consejo Nacional de Seguridad, movimientos o conflictos de carácter político, electoral o de índole social podrían constituir un desafío o una amenaza a la seguridad nacional.”
Una visión errada o parcial, genera equivocaciones. Si de paz, desarrollo y progreso se trata, en nada ayuda la imposición militarizada del orden. La justicia y la soberanía se sustentan en democracia y desarrollo. Seguridad nacional entraña varios aspectos: el narcotráfico y su combate, la democracia y su fortalecimiento, la política exterior y su despliegue, la política económica y su estrategia, la política militar y su conducción.
Dice Rigoberta Menchú que “aspirar a sociedades democráticas es pretender erradicar la pobreza, pues una y otra son incompatibles”. Asimismo, afirma que la relación entre seguridad económica y estabilidad política de los países es muy estrecha, ya que, “ante el hambre surgen los gritos de indignación, la inseguridad pública, los estallidos sociales, y que el gran desafío es entender que no podemos hablar de democratización cuando millones de personas están condenadas a la miseria”.
¿Por qué entonces limitar la libertad promoviendo este tipo de reformas? Dice Benedetto Croce, historiador, humanista y filósofo italiano, autor del Manifiesto de los intelectuales antifascistas (1925), que el fascismo es producto de la crisis moral y los conflictos de la postguerra (enfermedad moral). Se entiende como una expresión de la movilización de la gran burguesía capitalista, industrial y financiera y de las clases dirigentes, y el medio utilizado para defender esos intereses, derrotar a las clases trabajadoras y reforzar su dominio en la sociedad.
“Hay quien pone en duda el porvenir del ideal de la libertad. Nosotros respondemos que tiene más que un porvenir: posee eternidad.” B. Croce
