La primera elección popular de jueces y ministros del Poder Judicial en México, prevista para junio, ya enfrenta acusaciones de proselitismo anticipado y uso indebido de recursos públicos. Ministras cercanas al oficialismo han aprovechado lagunas legales para promover sus candidaturas, poniendo al INE y al sistema judicial en una posición complicada.
En medio de una reforma judicial que promete ser histórica, la elección popular de jueces y ministros en México está marcada por la controversia. Tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, han sido señaladas por actos anticipados de campaña, una práctica que contraviene los lineamientos de la reforma que impulsó el oficialismo y aprobó el Congreso. Este proceso electoral, que implica la selección de alrededor de 900 cargos judiciales, enfrenta serios retos organizativos y legales que han puesto al Instituto Nacional Electoral (INE) bajo presión.
Actos anticipados: Vacíos legales en la reforma judicial
La denuncia principal apunta al uso de recursos públicos y actos proselitistas realizados antes de que las campañas oficiales inicien el próximo 30 de marzo. Según diversas asociaciones y opositores políticos, las ministras han realizado giras, participado en eventos públicos organizados por Morena, y utilizado plataformas mediáticas y redes sociales para promocionar sus candidaturas. Todo esto pese a que la reforma judicial explícitamente prohíbe las precampañas.
Este vacío legal se convierte en un área gris. Aunque la normativa establece que “no habrá etapa de precampaña”, no señala las sanciones claras ni el mecanismo para frenar estas actividades. Para algunos expertos, esta omisión es un error estratégico del Congreso, que diseñó la reforma con prisas y sin prever escenarios como el actual.
El papel del INE: Limitado y con recursos restringidos
El INE, encargado de organizar este proceso inédito, enfrenta un calendario ajustado, presupuesto limitado y el reto de supervisar miles de candidaturas. A pesar de las múltiples quejas presentadas, los consejeros han reconocido que no tienen facultades para actuar hasta que las listas oficiales de candidatos sean entregadas en febrero. Esta pasividad, justificada por las restricciones legales, ha sido criticada por diversos sectores como una señal de la vulnerabilidad del árbitro electoral frente al Ejecutivo.
La consejera Norma de la Cruz admitió que el INE está “preocupado” por la inequidad evidente en el proceso, pero subrayó que las quejas sobre los actos anticipados deberán ser resueltas por el Tribunal Electoral o la Suprema Corte.
Campañas prematuras y recursos públicos
La denuncia presentada por la asociación civil Defensorxs AC acusa a las ministras de utilizar recursos públicos para financiar sus giras y eventos proselitistas. En particular, Yasmín Esquivel y Lenia Batres han sido señaladas por cargar gastos de viaje a la SCJN, mientras que Loretta Ortiz ha desplegado mensajes con tintes propagandísticos en actos públicos. Las publicaciones en redes sociales y las apariciones en eventos organizados por Morena han incluido eslóganes como “Justicia para todos” y “La ministra del pueblo”.
Estos actos no solo generan un debate sobre la equidad en la contienda, sino que evidencian un problema mayor: el uso de recursos públicos para beneficio político. Miguel Alfonso Meza, representante de Defensorxs, argumentó que las ministras han convertido sus cargos en plataformas de campaña, violando principios básicos de imparcialidad.
Críticas internas al Poder Judicial
Dentro del Poder Judicial, varios magistrados han calificado estas actividades como colaboracionismo con un Ejecutivo que, según denuncian, busca minar la independencia judicial. El magistrado Juan José Olvera López destacó que esta reforma, construida sobre un discurso de desprestigio hacia el Poder Judicial, ha encontrado aliados entre quienes deberían defender su autonomía.
Olvera incluso comparó este fenómeno con episodios históricos de sumisión judicial frente a regímenes autoritarios, advirtiendo que los actos de campaña prematuros no solo afectan la percepción pública del sistema judicial, sino que también comprometen su esencia democrática.
Una elección en riesgo
Con un calendario electoral comprimido, un árbitro limitado por recursos insuficientes y un Poder Judicial dividido, la primera elección popular de jueces y ministros en México enfrenta un panorama complicado. Más allá de las denuncias, el proceso ha puesto en evidencia los riesgos de implementar reformas sin mecanismos claros para garantizar su cumplimiento.
El desenlace de este episodio no solo definirá el rumbo de la reforma judicial, sino que también podría sentar un precedente sobre cómo se concibe la autonomía e independencia de las instituciones en México. Si el INE y las autoridades judiciales no logran garantizar una contienda justa y transparente, esta elección podría marcar un retroceso en lugar de un avance hacia la democratización del Poder Judicial.
La controversia en torno a las ministras Esquivel, Batres y Ortiz refleja las tensiones inherentes a una reforma judicial que ha sido cuestionada desde su concepción. Los vacíos legales y la falta de supervisión efectiva dejan al descubierto las limitaciones del sistema, mientras el proselitismo anticipado amenaza con socavar la credibilidad de un proceso que, en teoría, buscaba fortalecer la justicia en México.
