Este fin de semana se realizaron los registros para todos aquellos que quieran competir para ser jueces y magistrados locales, y se trata de un hito en la historia de Aguascalientes, pues por primera vez en su existencia estaremos haciendo un ejercicio de esta naturaleza: para bien y para mal. Como ya lo he manifestado, no estoy a favor de este mecanismo de elección, pues los jueces y magistrados, tanto federales como locales, deben ser seleccionados no electos, pues la justicia demanda preparación, no popularidad; al menos, en el caso de nuestro estado la reforma constitucional parte de un examen de conocimientos; esto último será un buen filtro, si la comisión correspondiente se toma las cosas en serio y realiza un examen objetivo y neutral.
Regresemos un poco al por qué de la cuestión: desde la perspectiva de AMLO, evidentemente mantenida por Sheinbaum, el quid de que se elijan por el pueblo tiene que ver con el hecho de que existe mucha corrupción en el Poder Judicial, lo que de entrada es más un mito, que una realidad. A ver, según el INEGI, la confianza de la ciudadanía en los jueces y magistrados ronda en un 39.4%, siendo uno de los más bajos en las instituciones públicas. Sin embargo, aquí hay un problema, la mayoría de la población, jamás ha enfrentado un juicio, es decir, no tiene un parámetro objetivo para darse una opinión sobre si es corrupto o no el Poder Judicial.
Solo un pequeño ejemplo: según la SCJN se recibieron cerca de doscientos mil amparos en 2023, si pensáramos que cada amparo corresponde a una persona, llegaríamos a la conclusión de que el porcentaje de la población se relaciona con el Poder Judicial de la Federación es nimio. Según el INEGI, en Aguascalientes en el año 2023, se emitieron 11,494 sentencias, es decir, también el conjunto de ciudadanos que se enfrentan a un juicio en lo local, es tan pequeño, que es inconcuso desprender corrupción a partir de la opinión de los ciudadanos, que en el fondo esa estadística del INEGI (la de confianza) es justamente percepción.
Si atendemos al índice de estado de derecho en México del WJP, tenemos cifras a lo mejor aún más reveladoras, pues por ejemplo el promedio a nivel país es de .41, donde el factor justicia civil es de .37 y justicia penal .36, todo sobre 100. Estos últimos indicadores, no atienden a percepción sino a datos objetivos. Para el caso de Aguascalientes, el índice en general es .47, el segundo más alto del país, y para el caso de justicia penal estamos en .36 y .37 para la civil. Desde mi perspectiva, estos datos reflejan problemas en el estado de derecho en general, y no solo en el Poder Judicial, por lo que el cambio de mecanismo de elección poco, por no decir nada, resolverá.
Como sea, vienen transformaciones importantes y una elección que se antoja compleja por múltiples razones: el recorte de recursos, la imposibilidad de una boleta clara y concreta, la evidente intervención de los partidos políticos y por supuesto el muy previsible abstencionismo electoral que, desde ya, la mayoría de los expertos pronostican que será apabullante. En fin, por lo pronto un grupo de jueces de carrera han decidido jubilarse y no participar en la elección., lo que es real, es que sea cual sea el resultado, vendrá una revitalización del Poder Judicial, de los criterios, la forma de interpretar, esto, como dije desde el inicio, para bien o para mal.
