La carrera política de Cuauhtémoc Blanco está en un punto crítico. El exgobernador de Morelos y actual diputado federal de Morena enfrenta una solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía del estado tras ser acusado de intento de abuso sexual por su media hermana, Fabiola Blanco. Lo que comenzó como una denuncia por un delito grave ha escalado a una disputa política que genera controversia y reacciones en distintos niveles del gobierno y la sociedad.
La denuncia y el proceso judicial
La acusación contra Cuauhtémoc Blanco se remonta a diciembre de 2023, cuando su media hermana lo denunció por tentativa de violación. La Fiscalía de Morelos, encabezada por Uriel Carmona, ha declarado que esta denuncia, al tratarse de un delito grave, requiere una investigación a fondo. No obstante, para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra el exgobernador, es necesario retirarle el fuero constitucional que lo protege como legislador.
El fiscal Carmona ha enfatizado que la solicitud de desafuero no implica una declaración de culpabilidad, sino que es un paso necesario para garantizar que la justicia pueda seguir su curso. “Es un requisito constitucional para que el Ministerio Público pueda proceder penalmente contra un servidor público”, declaró en entrevista con Azucena Uresti.
Amenazas y un clima de tensión
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la denuncia pública de Fabiola Blanco sobre amenazas recibidas tras haber presentado su querella. Esta situación no es inusual en casos de violencia de género y abuso sexual, donde las víctimas frecuentemente son intimidadas para que retiren sus denuncias o guarden silencio. La Fiscalía de Morelos ha confirmado la existencia de una denuncia formal por amenazas, lo que refuerza la gravedad del contexto en el que se desarrolla este proceso.
La dimensión política del desafuero
A pesar de los esfuerzos del fiscal Carmona por desvincular el caso de cualquier agenda política, la solicitud de desafuero ha sido interpretada por algunos sectores como un golpe con implicaciones partidistas. Cuauhtémoc Blanco, un personaje que ha transitado del mundo del fútbol al de la política con una carrera llena de controversias, se encuentra ahora en el centro de un escándalo que podría afectar no solo su futuro político, sino también la estabilidad de Morena en Morelos.
El fiscal ha insistido en que “no se trata de un tema político, sino de un familiar, de una media hermana. Trabajamos con cautela”. Sin embargo, el propio Carmona ha expresado preocupación ante posibles represalias políticas en su contra y en contra de la Fiscalía por parte de actores influyentes del partido gobernante.
Posibles desenlaces y repercusiones
El desafuero de Cuauhtémoc Blanco dependerá de la decisión de la Cámara de Diputados, donde Morena y sus aliados tienen una influencia significativa. Si se aprueba, Blanco podría enfrentar un juicio penal sin la protección de su cargo legislativo. En caso contrario, la Fiscalía de Morelos se vería imposibilitada de proceder en su contra mientras mantenga su investidura como diputado.
Independientemente del desenlace legal, este caso ha vuelto a poner en el centro del debate público la impunidad en casos de violencia de género y la forma en que el poder político puede influir en los procesos judiciales. La Fiscalía de Morelos ha llamado a que el caso sea un precedente de aplicación imparcial de la ley, enfatizando la necesidad de proteger los derechos de las mujeres.
El caso de Cuauhtémoc Blanco es un recordatorio de las complejidades que rodean la política mexicana, donde la línea entre la justicia y la venganza política a menudo se desdibuja. Sin embargo, detrás de las estrategias y narrativas partidistas, se encuentra una denuncia de violencia de género que merece ser investigada con la seriedad y el rigor que la justicia exige. Mientras el proceso avanza, la atención estará puesta no solo en el destino del exgobernador, sino en la respuesta del sistema judicial y político ante un caso que pone a prueba su credibilidad.
