Convicciones
El Ejército y los 43
Como el presidente Peña Nieto (2012-2018), el presidente López Obrador (2018-2024) cedió a las presiones del Ejército en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, asegura Vidulfo Rosales, abogado de los padres de estas víctimas.
De manera detallada en una entrevista realizada por Jesús Guerrero (Reforma, 26.09.24) da su versión de cómo ocurre la presión del Ejército y, entonces, el presidente da marcha atrás al compromiso contraído con los padres, a los cuales no les cumple su promesa y los traiciona.
El 18 de agosto de 2022 tuvo lugar una reunión en la que estuvieron presentes López Obrador, el fiscal Alejandro Gertz Manero, los integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, de la SEGOB, Omar Gómez Trejo, fiscal del caso, y también los padres y las madres de los normalistas asesinados.
En esa reunión se dio a conocer un informe con una lista de 180 personas con órdenes de aprehensión. En esta había nombres de jefes militares, funcionarios públicos federales y estatales, expolicías federales, estatales y municipales de Iguala, Taxco, Huitzuco y Tepecoacuilco y también de integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
El presidente dijo en esa ocasión “adelante yo no tengo compromiso con nadie y pronto se les dará noticias”. Nosotros, dice Rosales, entendimos que el presidente giraba una orden para que se realizaran las detenciones correspondientes.
Un día después, el 19 de agosto, ocurre el arresto de Jesús Murillo Karam, que había sido el fiscal en tiempos de Peña Nieto. Los cargos, tortura y desaparición forzada en el caso de Ayotzinapa. Entonces “pensamos que en verdad sí se estaba avanzando y que se había dado un gran paso para encontrar la verdad”, dice Rosales.
No era así y las presiones del Ejército sobre el presidente inician en septiembre de 2022 cuando ya se conoce la lista con los mandos que se piden sean arrestados y entre el 10 y 20 de septiembre tiene lugar un debate muy intenso al interior del gobierno, asegura Rosales.
La discusión era si se procedía y arrestaba a los mandos militares o no se hacía nada, para no entrar en conflicto con el Ejército. Según Rosales, los militares amenazaron con “dejar tiradas” las obras del aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.
El presidente cedió, estaban en juego sus obras emblemáticas, y dio órdenes para que no procedieran los arrestos de los mandos militares implicados en el caso de Ayotzinapa, afirma Rosales.
El presidente, que no hizo honor a su compromiso con los padres y madres de los normalistas, añade que el abogado “nos acusó de haber inventado historias, y denostar al igual a los organismos de derechos humanos que hemos acompañado a los padres y madres de los jóvenes desaparecidos”.
No hay duda, es la real verdad histórica, que el Ejército tuvo participación en los hechos de Iguala como lo aseguran los padres y madres de los normalistas y también instancias internacionales implicadas en el caso. Hasta ahora no ha habido la voluntad y fuerza del gobierno, para llevar a los militares a presentarse ante la justicia.
@RubenAguilar
