- El nuevo esquema busca proteger más a las víctimas y garantizar una reparación del daño efectiva
- El sistema penal ha cambiado hacia un modelo acusatorio más técnico, pero las fiscalías mantienen prácticas obsoletas
- Falta de personal y recursos en las fiscalías dificulta la correcta aplicación del modelo penal actual
Durante un ciclo de conferencias organizado por la Universidad del Poder Judicial de Aguascalientes en colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, José Luis Eloy Morales Brand, rector de la institución y especialista en derecho penal, impartió una ponencia sobre los elementos del delito y su impacto en el proceso penal. Explicó la evolución del sistema penal en México, sus retos actuales y las dificultades que enfrentan las instituciones encargadas de su aplicación.
Morales Brand, quien también se desempeña como profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, destacó que en los últimos años el proceso penal ha cambiado significativamente con la implementación del modelo acusatorio, caracterizado por juicios orales y mayor énfasis en pruebas presentadas directamente ante los jueces: “Antes, los jueces prácticamente eran figuras decorativas porque lo más importante era la averiguación previa. Ahora, el juicio se basa en la información presentada en audiencia”, explicó.
Sin embargo, señaló que, aunque el sistema ha evolucionado, su implementación ha sido deficiente: “El problema no es la reforma ni las leyes, sino que las instituciones encargadas de aplicarlas no han querido adaptarse a este nuevo modelo”, advirtió.
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El especialista subrayó que el nuevo modelo penal beneficia tanto a víctimas como a los imputados. En el caso de las víctimas, se busca garantizar un trato digno, agilizar la reparación del daño y fortalecer su papel dentro del proceso judicial. Por otro lado, quienes cometen un delito pueden acceder a mecanismos alternativos de resolución que permitan sanciones proporcionales y acuerdos que prioricen la justicia sobre la burocracia.
No obstante, Morales Brand enfatizó que el verdadero reto está en la operatividad del sistema. A pesar de los cambios legislativos, las fiscalías en México trabajan con esquemas del pasado, priorizando la acumulación de casos y el encarcelamiento sobre la resolución efectiva de conflictos: “El objetivo del nuevo modelo es agilizar los procesos, pero muchas fiscalías siguen enfocadas en aumentar sus cifras sin mejorar la atención a las víctimas”, indicó.
Uno de los principales problemas es la falta de personal en las fiscalías. Según Morales Brand, en Aguascalientes hay entre 150 y 200 fiscales para atender a una población de más de un millón de habitantes, lo que resulta insuficiente: “Cada vez hay más denuncias porque la gente tiene más confianza en las autoridades, pero los recursos humanos y materiales son los mismos de hace años”, lamentó.
Además, criticó la falta de filtros adecuados para la contratación de fiscales y ministerios públicos. Actualmente, la única exigencia es contar con una licenciatura en derecho, pero no se evalúan habilidades técnicas ni experiencia en litigación: “El derecho penal se ha vuelto más técnico y demanda mayor especialización, pero aún hay contrataciones sin verificar realmente la capacidad de los candidatos”, expresó.
Finalmente, Morales Brand hizo un llamado a fortalecer las instituciones de justicia a través de una mejor distribución de recursos y capacitación especializada: “Se invierte en patrullas y equipamiento, pero no en lo esencial: el personal que hace posible la impartición de justicia”, concluyó.
