- El maestro Salvador Farías Higareda analizó la viabilidad de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para establecer un tope de 24 pesos por litro de gasolina, explicando los retos legales y las implicaciones económicas de esta medida.
Farías Higareda recordó que el Artículo 28 de la Constitución prohíbe los monopolios y el control de precios, lo que impide que el gobierno fije un precio máximo para la gasolina o cualquier otro producto en un mercado de libre competencia.
“Lo que intenta la presidenta es un acuerdo con los gasolineros para que no suban el precio por encima de los 24 pesos, porque legalmente no puede obligarlos. Para establecer un precio fijo, necesita la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y sin ese visto bueno, no puede imponer límites”, explicó.
En este sentido, mencionó que la única forma en la que el gobierno podría presionar a las gasolineras para que mantengan el precio en 24 pesos sería con acuerdos que incluyan beneficios regulatorios, como reducir auditorías, evitar revisiones de la Profeco o permitir ciertas prácticas irregulares como la venta de litros incompletos.
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El especialista explicó que la gasolina podría costar la mitad si el gobierno redujera la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), ya que un porcentaje significativo del precio final proviene de este impuesto.
“El SAT acaba de reportar ingresos récord, en gran parte porque el gobierno quitó el subsidio a la gasolina, lo que significa que el consumidor final está pagando más. La federación no va a renunciar a esos ingresos, pero sí puede usar su poder de revisión para negociar con las gasolineras”, explicó.
Farías Higareda también señaló que muchas gasolineras no venden litros completos, lo que representa un fraude constante contra los consumidores.
Recordó que esta práctica es un delito penal, con penas de 3 a 10 años de prisión según el Artículo 253 del Código Penal Federal. Cualquier ciudadano puede denunciar si detecta que una gasolinera entrega menos combustible del que cobra. “Es un derecho que todos los mexicanos tienen, pero pocos saben cómo ejercerlo. Si los abogados estuvieran más capacitados en derechos del consumidor, esto se podría atacar de manera más efectiva”, comentó.
En conclusión, el gobierno no puede imponer un precio máximo a la gasolina, pero sí puede presionar a las gasolineras para que mantengan los precios dentro del margen deseado.
