El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, parece haberse graduado con honores en la escuela de los líderes que niegan evidencias y se declaran víctimas de una persecución judicial. La Corte Suprema del país ha sido notificada de una denuncia presentada por la Fiscalía General, en la que se acusa al exmandatario y a otros 33 distinguidos personajes de conspirar para un golpe de Estado con el fin de impedir la toma de posesión de Luiz Inácio Lula da Silva, tras su derrota en las elecciones de 2022.
Pero tranquilos, que según Bolsonaro y su equipo de abogados, todo esto es solo una historia de ficción digna de Hollywood. Para ellos, la denuncia es “inepta”, “incoherente” y “fantasiosa”. Que la Fiscalía lo acuse de “tentativa de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho”, “golpe de Estado” y “organización criminal armada” no parece ser un detalle importante.
¿Un plan? ¿Qué plan?
Según la investigación de la Policía Federal, Bolsonaro y su entonces candidato a vicepresidente, Walter Braga Netto (hoy preso por obstaculizar la investigación), lideraban una trama para anular las elecciones y mantenerse en el poder sin la incomodidad del sufragio universal. Todo parece haber seguido el manual clásico: deslegitimar el proceso electoral antes de la votación, cuestionar la seguridad de las urnas electrónicas y, después de perder, intentar una jugada desesperada para cambiar el resultado.
Aquí es donde entran en escena las reuniones con los altos mandos militares. Bolsonaro, en su afán por seguir despachando desde el Palacio de Planalto, propuso a la cúpula de las Fuerzas Armadas un decreto que le diera poderes extraordinarios para invalidar el triunfo de Lula. Dos de los tres comandantes militares se opusieron tajantemente, y hasta hubo amenazas de arresto contra Bolsonaro si seguía adelante. Pero el entonces comandante de la Marina, Almir Garnier Santos, sí estaba dispuesto a remar a favor del golpe.
Entre los documentos que sustentan la denuncia aparecen minutas para decretar un estado de sitio y anular los resultados de los comicios. Ah, y un pequeño detalle adicional: según la Fiscalía, en la conspiración se llegó a contemplar el asesinato por envenenamiento de Lula y de otras autoridades, aunque el plan no prosperó.
¿Pero golpe de Estado, dónde?
Bolsonaro insiste en que esto no es más que una caza de brujas. Sus abogados afirman que “no hay ningún mensaje” del expresidente apoyando un golpe y que la acusación se basa en el testimonio de un solo delator, el teniente coronel Mauro Cid, su ex edecán. Cid, tras largas declaraciones a la Policía, se ha convertido en la pieza clave que ha permitido armar el rompecabezas del intento de golpe.
El expresidente, por su parte, se muestra confiado. Antes de que la Fiscalía hiciera oficial la denuncia, aseguró en el Senado que no tenía “ninguna preocupación”. Es más, su visita al recinto legislativo no fue por el proceso en su contra, sino para discutir una ley de Amnistía que podría beneficiar a los implicados en el asalto a las sedes del gobierno el 8 de enero de 2023. Un gesto de nobleza, sin duda.
Mientras tanto, la justicia avanza
La denuncia presentada por la Fiscalía es contundente: 272 páginas de evidencias que describen cómo Bolsonaro y su círculo operaron para mantenerse en el poder. Ahora la Corte Suprema debe decidir si acepta la querella y lo lleva a juicio. De ser encontrado culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 43 años de prisión.
Por si fuera poco, el expresidente ya está inhabilitado políticamente hasta 2030 por abuso de poder. Pero eso no le impide soñar: ha insinuado que podría presentarse a las elecciones de 2026 si logra limpiar su nombre con el apoyo del Congreso, donde la derecha aún tiene peso.
Mientras tanto, los jueces de la Primera Sala del Supremo, en su mayoría de perfil progresista, tienen en sus manos el destino de Bolsonaro. Uno de ellos, Alexandre de Moraes, es el más odiado por el bolsonarismo y ha sido blanco de amenazas desde que presidió el Tribunal Superior Electoral en 2022.
Así que, en resumen, tenemos a un expresidente que niega todo, a un conjunto de pruebas que apuntan a una conspiración fallida, y a una Corte Suprema que debe decidir si esta novela de intrigas políticas se convierte en un juicio histórico. Bolsonaro, por ahora, sigue indignado.
