Porque en México la vida es una tómbola, tom-tom, tómbola, el Poder Judicial también y ahora hasta la educación. El gobierno ha decidido eliminar la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), el mecanismo que durante años permitió asignar de manera ordenada los espacios en el bachillerato público del Valle de México.
Qué problemas resolvía el examen de Comipems
En su lugar, se implementará un sorteo basado en el domicilio de las y los aspirantes. Esta decisión, lejos de solucionar problemas, elimina un sistema que garantizaba claridad, equidad y eficiencia en la asignación de espacios educativos.
Hasta ahora, el Comipems facilitaba el proceso de ingreso al bachillerato público mediante un solo examen, que servía para distribuir a las y los estudiantes en función de sus preferencias y su desempeño. Las y los jóvenes no tenían que inscribirse en múltiples convocatorias ni hacer trámites innecesarios.
Además, era un sistema incluyente, lejos de lo que dice el gobierno, el examen no “rechazaba” estudiantes, en realidad nadie quedaba fuera, pues la oferta de espacios superaba la demanda.
El examen tampoco discriminaba por colonia, escuela de procedencia o influencias políticas. Las y los aspirantes competían en igualdad de condiciones y su asignación dependía únicamente de su resultado. Además, esta evaluación permitía detectar deficiencias en la formación académica de las secundarias públicas, ofreciendo una herramienta valiosa para mejorar la educación en el país.
La desaparición de la Comipems tendrá serias consecuencias
Para empezar, la UNAM y el IPN seguirán aplicando sus propios exámenes de ingreso (aunque ahora en línea y no de forma presencial), lo que significa que miles de jóvenes aún deberán presentar una prueba para acceder a estas instituciones.
Esto complicará el proceso de inscripción. En lugar de un solo trámite, las y los aspirantes tendrán que presentar exámenes, además, registrarse en un sorteo para obtener un lugar en cualquier otra escuela disponible.
Este método no soluciona el problema de las instituciones con menor demanda. En vez de invertir en infraestructura, mejorar materiales educativos y fortalecer la calidad de los docentes, el gobierno opta por forzar su ocupación mediante una rifa.
El mayor problema de este nuevo modelo es que deja el futuro de las y los jóvenes en manos del azar. Con la tómbola, ya no importará su esfuerzo ni su rendimiento académico, sino simplemente el lugar donde viven. Esto perjudicará especialmente a estudiantes de zonas menos favorecidas, que tendrán menos opciones para acceder a una educación de calidad.
Lejos de ser una mejora, la eliminación del examen único es un grave retroceso. En lugar de fortalecer el acceso a la educación, el nuevo sistema pone en riesgo el futuro de miles de jóvenes, dejando su derecho a estudiar en manos de la suerte.
