Nada dice “gran nación” como dejar a niños solos y desamparados en una corte de inmigración. El gobierno de Estados Unidos, fiel a su tradición de endurecer políticas migratorias, ha decidido suspender los fondos destinados a la asistencia legal de menores migrantes no acompañados. Con esta decisión, miles de niños enfrentarán procesos judiciales sin abogados, como si la burocracia estadounidense fuera un juego de mesa para principiantes.
La medida fue ordenada por el Departamento del Interior y afecta a Acacia Center for Justice, organización que brinda representación legal a más de 26,000 menores. El argumento oficial detrás de la suspensión es tan sólido como una casa de naipes: “causas fuera de nuestro control”, sin más detalles. Un eufemismo elegante para decir “no nos importa lo suficiente como para explicar por qué”.
El impacto es devastador. Cada año, decenas de miles de niños llegan solos a Estados Unidos, huyendo de violencia, pobreza o tráfico humano. Sin abogados, estos menores deberán enfrentarse a jueces y fiscales con más experiencia que ellos en los entresijos de la ley migratoria. Porque, claro, es perfectamente razonable que un niño de 10 años tenga la capacidad de defenderse ante un tribunal de inmigración, ¿verdad?
Una política de mano dura disfrazada de burocracia
Aunque la administración Trump no ha salido a justificar directamente la suspensión, la medida encaja con su estrategia de desincentivar la llegada de migrantes mediante la eliminación de cualquier red de apoyo. La lógica es clara: si dejamos a los niños sin representación legal, quizás sus familias prefieran no enviarlos. Una táctica que, más que política de Estado, parece digna de un villano de cómic.
Según cifras oficiales, en el año fiscal 2024, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) recibió a 98,356 menores no acompañados. Con la suspensión de fondos, muchos de estos niños tendrán que enfrentarse a un sistema judicial complejo, que incluso para adultos con experiencia resulta difícil de navegar.
Las organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos han calificado la medida como un ataque sin precedentes contra los derechos de los menores. Para Roxana Avila-Cimpeanu, del Florence Immigrant & Refugee Rights Project, esto es inaceptable: “Sin estos servicios, los niños tendrán que representarse a sí mismos en los tribunales de inmigración”.
Consecuencias graves: trata, explotación y deportaciones injustas
La falta de representación legal incrementa el riesgo de que estos menores sean víctimas de explotación, trata de personas y deportaciones arbitrarias. Muchos niños califican para protección humanitaria o asilo, pero sin abogados que les ayuden a demostrarlo, sus posibilidades de obtener un fallo favorable se reducen drásticamente.
Según la abogada Neha Desai, del National Center for Youth Law, la cancelación del programa es “imprudente” y pone a miles de niños en peligro. Sin defensa adecuada, muchos de ellos serán devueltos a los mismos entornos de los que escaparon, con un alto riesgo de caer en redes de tráfico humano o en la explotación laboral.
¿Qué sigue?
Si algo ha quedado claro es que, para el gobierno de Trump, el bienestar de los niños migrantes no es una prioridad. Organizaciones como Acacia Center for Justice han anunciado que buscarán alternativas para seguir brindando apoyo legal, aunque sin financiamiento federal, la tarea se vuelve casi imposible.
Mientras tanto, el mensaje de esta medida es claro: en la tierra de las oportunidades, la justicia no es para todos. Y menos si eres un niño migrante sin dinero para pagar un abogado.
