Sinaloa acumula más de 800 asesinatos en los últimos meses, cifra que desnuda el costo humano de la guerra interna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, derivada de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, el 25 de julio en Estados Unidos. Pese a los pronunciamientos de ambos gobiernos para contener la crisis, la violencia no solo persiste, sino que sigue cobrando vidas de civiles atrapados en el fuego cruzado, mientras las víctimas colaterales, familias desplazadas, negocios cerrados y comunidades traumatizadas, quedan en el olvido.
Según un análisis de EFE basado en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre septiembre de 2023 y enero de 2024 se registraron 143 a 182 homicidios mensuales en Sinaloa. Aunque enero reportó una leve disminución (147 casos), la cifra representa un aumento interanual de 165 % frente a los 52 del primer mes de 2024, según un reporte de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) de Sinaloa.
Detrás de los números fríos hay historias de terror: comerciantes ejecutados en retenes improvisados, niños heridos por balas perdidas en enfrentamientos y mujeres desaparecidas en medio del caos.
“No hay lugar seguro. Hace dos semanas, un autobús con pasajeros fue ametrallado cerca de Culiacán. Murieron tres personas que solo iban a trabajar”, relata Ana López, defensora de derechos humanos en la región, quien prefiere omitir su nombre real por seguridad. Organizaciones civiles estiman que, además de los homicidios, al menos 2,000 familias han huido de zonas rurales por amenazas o violencia extrema, un dato ausente en los reportes oficiales.
Designación terrorista de Estados Unidos
La reciente inclusión del Cártel de Sinaloa en la lista de organizaciones terroristas por parte del gobierno de Donald Trump, medida que México rechazó por considerarla “intervencionista”, no ha mitigado la crisis. Por el contrario, la disputa por el control territorial se recrudeció tras la extradición de Zambada, coordinada supuestamente por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, según fuentes gubernamentales.
Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) calificó el arresto como un “secuestro” y responsabilizó a Estados Unidos de la escalada, su sucesora, Claudia Sheinbaum, enfrenta presiones tras la carta que Zambada envió desde una prisión neoyorquina exigiendo su repatriación para evitar un “colapso bilateral”. Sheinbaum ordenó a la Fiscalía revisar el caso, argumentando derechos soberanos, pero organizaciones sociales critican que el diálogo se centre en capos y no en víctimas.
Gobiernos vs realidad
Miguel Calderón Quevedo, coordinador del CESP, reconoció avances en incautaciones de armas y drogas, pero admitió: “Esperamos que esto se traduzca en reducir la violencia a niveles previos al conflicto”. Sin embargo, la cifra total de homicidios en 2024 (1,022) casi duplica la de 2023 (562), según el SESNSP.
Analistas señalan que la estrategia de “abrazos, no balazos” y la reticencia a confrontar a los carteles frontalmente han permitido que las facciones operen con impunidad. “Las declaraciones binacionales son cíclicas: prometen cooperación, pero no hay un plan para proteger a la población civil.
La carta de Zambada
El llamado de “El Mayo” a Sheinbaum para evitar un “colapso” bilateral ha sido interpretado como una advertencia velada de más violencia si no es repatriado. Para familias en Sinaloa, esto refleja la paradoja de su realidad: mientras los capos negocian desde prisiones de lujo, ellos entierran a sus seres queridos en silencio.
“¿Dónde está la carta de mi hijo? Él tenía 15 años y lo mataron por error. A nadie le importa”, exclama María González, madre de una víctima en Los Mochis. Su caso, como muchos, no aparece en los titulares, pero simboliza el fracaso de las políticas que privilegian la retórica sobre la protección ciudadana.
Urgencia de un enfoque humanitario
Mientras Sinaloa arde, la comunidad internacional observa pasiva. La designación terrorista de Estados Unidos carece de mecanismos concretos para desmantelar redes financieras o proteger civiles, y México insiste en una solución jurídica para Zambada, no en atajar la emergencia humanitaria. Mientras tanto, los entierros colectivos y las marchas de protesta recuerdan que, tras la guerra por plazas y extradiciones, hay una población que clama paz sin condiciones.
