Parece que Ismael “El Mayo” Zambada no solo sabe moverse en el mundo del narcotráfico, sino también en el ajedrez político. Detenido en Estados Unidos en 2024, el capo sinaloense ha sacado su última carta: exigir su extradición a México con la promesa de que, si no se atiende su solicitud, la relación entre ambos países podría colapsar. Una amenaza digna de un thriller político.
Su argumento no es menor. Según su equipo legal, su traslado a EE.UU. fue ilegal y debería considerarse un “secuestro” orquestado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán. Para rematar, Zambada advierte que su vida corre peligro, ya que en territorio estadounidense podría enfrentar la pena de muerte, algo que, en teoría, México no permitiría si la extradición se hubiese hecho conforme a derecho.
Un gobierno en una encrucijada
Pero, ¿qué dice México al respecto? Como en cualquier problema delicado, la estrategia inicial es la de la papa caliente. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dejó claro que esta decisión está en manos del gobierno federal y no en las del estado. En otras palabras, que no le pregunten a él.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por el camino de la prudencia, señalando que el tema será analizado a nivel federal. Y es que, más allá de lo que representa el destino de un capo, lo que está en juego es la relación bilateral con Estados Unidos, particularmente ahora que Donald Trump amenaza con regresar a la Casa Blanca con un discurso más duro contra el narcotráfico mexicano.
Un dilema con consecuencias explosivas
De acuerdo con un análisis del gabinete de seguridad federal, acceder a la extradición de Zambada podría ser un error mayúsculo. ¿Por qué? Primero, porque sería visto por EE.UU. como una señal de que México protege a sus cárteles. Segundo, porque podría desatar una ola de violencia si las agencias de seguridad norteamericanas deciden intensificar operativos contra el Cártel de Sinaloa.
El gobierno mexicano se encuentra, entonces, en un dilema. Si extradita a ‘El Mayo’, quedará en la mira de Washington y podría generar conflictos en materia de seguridad. Si lo ignora, corre el riesgo de quedar como un país que no defiende a sus ciudadanos en el extranjero, lo que podría ser aprovechado políticamente en ambos lados de la frontera.
¿Quién está salvando a quién?
Paradójicamente, el gobierno mexicano ya ha manifestado que buscará evitar que a Zambada se le aplique la pena de muerte, pero no por protegerlo, sino porque México, en su política exterior, rechaza esa condena en cualquier caso. Es decir, el gobierno hará lo posible por que no lo ejecuten, pero sin mover un dedo por traerlo de vuelta.
El periodista José Reveles ha señalado que la captura de Zambada sin una extradición formal lo convierte en un “secuestrado transnacional”, lo que le daría derecho a solicitar asistencia consular. No obstante, también advierte que su regreso es improbable y que, de ocurrir, sería un golpe diplomático de grandes dimensiones.
México, EE.UU. y un historial de desconfianza
El caso de Zambada no es el primero en tensar la relación entre México y Estados Unidos. Recordemos la detención del general Salvador Cienfuegos en 2020, quien fue liberado y devuelto a México tras presiones diplomáticas. Sin embargo, a diferencia del exsecretario de la Defensa, “El Mayo” es un capo con décadas de operaciones en el narcotráfico y difícilmente habrá un margen para negociar su retorno.
Mientras tanto, su equipo legal insiste en que ignorar su caso sentaría un peligroso precedente para futuros traslados ilegales de mexicanos. ¿Será esta una causa justa o simplemente la última maniobra desesperada de un capo acorralado?
El destino de Ismael “El Mayo” Zambada sigue siendo incierto. Lo único seguro es que su caso pone a México en una posición delicada, atrapado entre la necesidad de mantener una relación estable con su vecino del norte y la presión de no quedar como un país que abandona a sus ciudadanos… incluso cuando se trata de los criminales más buscados.
