A pesar del discurso oficial sobre la erradicación de la corrupción, los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cuenta Pública 2023 evidencian una realidad indignante: 51 mil 765 millones de pesos fueron utilizados irregularmente en tan solo un año, sumando un total de 303 mil 544 millones de pesos desaparecidos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Una cifra que sigue en aumento y que, ante la inminente auditoría de 2024, podría revelar un desfalco aún mayor.
Este monto, que equivale a 5.9 millones de pesos malgastados por hora, deja en evidencia que la promesa de acabar con la corrupción no solo quedó incumplida, sino que las irregularidades en el manejo del dinero público continúan siendo una práctica común en diversas dependencias gubernamentales.
El rastro del dinero perdido: dependencias bajo la lupa
El informe de la ASF identifica un preocupante patrón de opacidad en diversas secretarías e instituciones clave del país. Las irregularidades no son aisladas, sino una constante en prácticamente todos los sectores del gobierno federal:
- Secretaría de Salud e IMSS: Se detectaron anomalías por 1,257 y 1,245 millones de pesos respectivamente, montos que equivalen a presupuestos completos de hospitales de alta especialidad. Esto, en un país donde los servicios de salud enfrentan graves deficiencias.
- Secretaría de Turismo y PEMEX: 2,593 y 2,058 millones de pesos fueron utilizados de manera irregular en estas dependencias, una cantidad comparable con el presupuesto de proyectos de infraestructura clave.
- Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Birmex y PEMEX Exploración y Producción: Con más de 8,599 millones de pesos sin aclarar, estas instituciones reflejan un desorden financiero que contradice la promesa de administración eficiente de los recursos públicos.
- Gobiernos estatales y municipales: El 40,801 millones de pesos en irregularidades dentro de estos niveles de gobierno evidencia que la corrupción no es exclusiva del ámbito federal. Estados como Estado de México, Tabasco, Nuevo León, Baja California Sur y Morelos encabezan la lista de entidades con más desvíos.
Estos datos no solo son cifras alarmantes, sino que representan recursos que debieron destinarse a salud, educación, seguridad e infraestructura y que, en cambio, han quedado en la nebulosa de la opacidad gubernamental.
El caso más indignante: Becas Benito Juárez pagadas a fallecidos
Si hay un hallazgo que indigna especialmente, es el de las irregularidades en la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, uno de los programas insignia de la actual administración. La ASF detectó pagos a 486 alumnos fallecidos por un monto superior al millón de pesos.
El informe señala que se realizaron 513 pagos después del fallecimiento de los beneficiarios, evidenciando una falta de control y transparencia en la gestión del programa. Además, se identificaron pagos a 19,984 alumnos que ni siquiera estaban inscritos en las escuelas correspondientes, acumulando un total de 101,314 pesos de recursos entregados sin justificación.
Si bien la Coordinación Nacional de Becas (CNBBBJ) aseguró haber depurado el padrón con información del Registro Nacional de Población (Renapo), persisten 110 pagos indebidos a 106 alumnos, sumando 374,500 pesos de daño patrimonial. Esto incumple directamente la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, lo que debería derivar en sanciones, pero hasta ahora no se han anunciado consecuencias concretas.
El impacto de estas anomalías no es solo financiero, sino social. Mientras miles de estudiantes en situación de vulnerabilidad enfrentan dificultades para acceder a la educación, el gobierno estuvo otorgando becas a personas fallecidas y a estudiantes inexistentes. Un escándalo que refleja no solo ineficiencia, sino una burla a quienes realmente dependen de estos apoyos.
Corrupción en la “Cuarta Transformación”: una realidad innegable
El discurso oficial ha insistido en que la corrupción ha sido erradicada, pero los datos demuestran lo contrario. Año tras año, los hallazgos de la ASF reflejan que el mal uso de los recursos públicos sigue siendo una constante en la administración federal. Si bien el gobierno de Enrique Peña Nieto ostenta el mayor monto de desvíos con 738 mil millones de pesos, la administración de López Obrador ya acumula 303 mil millones de pesos sin justificar y aún falta la auditoría de 2024.
Este panorama evidencia que no basta con discursos ni con señalamientos al pasado para acabar con la corrupción. La ASF ha hecho su trabajo al exponer las irregularidades, pero corresponde a las autoridades investigarlas y sancionar a los responsables. Sin embargo, hasta ahora, la impunidad sigue siendo la norma.
En un país donde se habla de transformación, lo único que parece haber cambiado es la narrativa, porque los desvíos y la corrupción siguen tan vigentes como antes.
