En los últimos años, el mercado de los seguros de gastos médicos mayores en México ha experimentado un constante incremento en los costos de las primas, lo que ha generado un debate sobre la necesidad de regulación y sus posibles consecuencias. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC), las primas han aumentado entre un 22% y 26% anualmente, reflejando el encarecimiento de los tratamientos médicos y la mayor incidencia de enfermedades crónicas.
Factores que impulsan el alza de las primas
El presidente de la AMASFAC, Cristóbal Montiel Campos, señala que el costo promedio nacional por siniestro ha pasado de 34,244 pesos en 2013 a 177,600 pesos en 2023, lo que representa un incremento del 419%. Entre los factores que inciden en esta tendencia se encuentran:
- Inflación médica: El costo de tratamientos, hospitalización e insumos médicos ha aumentado considerablemente.
- Mayor incidencia de enfermedades crónicas degenerativas: Enfermedades como el cáncer, la diabetes y la hipertensión requieren tratamientos costosos y prolongados.
- Innovación tecnológica en medicina: Aunque mejora la calidad de atención, también encarece los procedimientos.
- Edad de los asegurados: A mayor edad, mayor riesgo y costo del seguro.
- Fraudes y malas prácticas: Situaciones irregulares dentro del sector afectan los costos operativos y, en consecuencia, las tarifas de los usuarios.
Iniciativas de regulación y sus controversias
Ante la preocupación por el incremento en las primas, el diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, presentó una iniciativa para modificar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas (LISF). Su propuesta establece que las primas no podrán aumentar más de la inflación anual más un 5% adicional. Además, contempla medidas como la portabilidad de antigüedad para permitir el cambio de aseguradora sin perder beneficios, la inclusión de medicamentos y materiales de curación en las coberturas, y la transparencia en costos hospitalarios.
Esta regulación busca frenar los aumentos excesivos, algunos de los cuales han alcanzado hasta el 200% o 300%, según denuncias de usuarios. Sin embargo, la AMASFAC ha expresado preocupación sobre los efectos negativos de esta medida, argumentando que limitar las alzas podría llevar a que las aseguradoras abandonen el mercado mexicano, como ocurrió en California con los seguros contra incendios.
Riesgos del control de precios y posibles consecuencias
Según Cristóbal Ponce Miranda, presidente del Comité de Salud y Vida de la AMASFAC, la regulación del sector podría derivar en la salida de aseguradoras, lo que afectaría a millones de personas que dependen de estos servicios. La falta de competencia podría reducir la calidad de la atención y limitar el acceso a opciones de seguros.
Además, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha identificado problemáticas como la alta concentración del mercado (las cuatro principales aseguradoras manejan el 75% de las primas) y la falta de transparencia en precios y servicios hospitalarios. Esto hace que los usuarios no tengan suficiente información para comparar opciones y que los costos se mantengan elevados.
Quejas y denuncias por abusos
Con el crecimiento del sector también han aumentado las quejas por parte de los asegurados. Según la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se han registrado casos de cobros excesivos por medicamentos y procedimientos, así como falta de claridad en los contratos. En respuesta, la Cofece ha recomendado medidas como la portabilidad de seguros, tabuladores de precios hospitalarios y regulación de los modelos de atención.
Hacia un sistema más equitativo
El debate sobre la regulación de los seguros de gastos médicos mayores en México está lejos de resolverse. Mientras algunos defienden la libertad del mercado y advierten sobre los riesgos de imponer topes, otros argumentan que la regulación es necesaria para proteger a los usuarios de abusos y garantizar el acceso a servicios de salud de calidad.
Lo que es claro es que el modelo actual enfrenta retos que van desde la inflación médica hasta prácticas monopólicas, por lo que es fundamental encontrar un equilibrio que permita tanto la viabilidad económica de las aseguradoras como la protección de los derechos de los asegurados.
