En un operativo sin precedentes, el gobierno de México trasladó a Estados Unidos a 29 narcotraficantes de alto perfil, incluyendo a Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Treviño Morales (“Z-40”) y Vicente Carrillo Fuentes (“El Viceroy”). La medida, que se presentó oficialmente como una acción de cooperación en seguridad, ha generado controversia sobre su naturaleza legal, su impacto en la relación bilateral y las posibles repercusiones en el crimen organizado en México.
Un traslado sin precedentes y su trasfondo político
El traslado de estos capos ocurrió el 27 de febrero de 2025, en un contexto marcado por fuertes presiones del gobierno de Donald Trump para que México refuerce su lucha contra el tráfico de fentanilo y evite la imposición de aranceles del 25 % a las importaciones mexicanas. Aunque oficialmente se ha argumentado que la acción responde a motivos de seguridad nacional, hay indicios de que fue una estrategia negociadora para apaciguar a Washington y frenar sanciones comerciales.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, aseguraron que la operación fue una respuesta ante el riesgo de que algunos de los narcotraficantes fueran liberados por presuntos acuerdos con jueces. Sin embargo, la falta de transparencia sobre los términos legales en los que se realizó el traslado ha generado dudas sobre si se trató de una extradición formal o de una “expulsión encubierta” sin el debido proceso.
¿Extradición o expulsión? La controversia legal
Si bien en los medios se ha manejado el término “extradición”, el gobierno mexicano ha evitado utilizarlo oficialmente. De hecho, en la presentación de los detenidos ante la Corte del Distrito Este de Nueva York, el fiscal estadounidense los describió como “expulsados” de México, lo que sugiere que la operación se realizó al margen del tratado de extradición vigente entre ambos países.
El gobierno mexicano invocó la Ley de Seguridad Nacional de 2005 como base legal para el traslado, pero expertos han señalado que los artículos mencionados no justifican la expulsión de ciudadanos mexicanos sin un proceso formal. Este movimiento podría representar un precedente peligroso en términos de derechos humanos y debido proceso, además de debilitar la soberanía judicial de México.
Uno de los puntos más delicados es la posibilidad de que algunos de los extraditados enfrenten la pena de muerte en EE.UU., lo cual está prohibido por el tratado de extradición entre ambos países. Según el Departamento de Justicia de EE.UU., Caro Quintero y otros cuatro capos podrían ser condenados a la pena capital, lo que plantea interrogantes sobre si México negoció garantías para evitar su ejecución.
El impacto en el crimen organizado
Más allá de la dimensión política y legal, el traslado de estos narcotraficantes podría tener repercusiones en la estructura del crimen organizado en México. La extradición de líderes de alto nivel en el pasado ha generado crisis internas en los cárteles, provocando luchas violentas por el liderazgo.
Las autoridades del condado de Webb, en Texas, alertaron sobre posibles represalias violentas por parte de los cárteles en la frontera, particularmente en Nuevo Laredo y Tamaulipas, estados donde Los Zetas y el Cártel del Noreste mantienen una fuerte presencia. La posibilidad de que estos grupos desaten una ola de violencia en respuesta a la entrega de sus líderes es un riesgo que preocupa tanto a México como a EE.UU.
Un gesto con consecuencias inciertas
La entrega de 29 capos a EE.UU. representa un hito en la cooperación en seguridad entre ambos países, pero también pone en evidencia las tensiones y contradicciones del gobierno mexicano en su estrategia contra el narcotráfico. Mientras que la medida podría fortalecer la relación con Washington y evitar represalias comerciales, deja abiertas serias dudas sobre su legalidad, su impacto en el crimen organizado y el respeto al debido proceso.
El tiempo dirá si este movimiento logra frenar las presiones de Trump o si, por el contrario, refuerza su percepción de que la estrategia de coerción funciona, incentivándolo a exigir más concesiones en el futuro.
