Con 71 votos a favor y 21 en contra, el Senado aprobó la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), transfiriendo sus funciones a la flamante Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. A cambio, el gobierno ofrece una “Transparencia para el Pueblo”, un órgano administrativo que será el encargado de decidir qué información debe conocer la ciudadanía y cuál es mejor mantener resguardada.
El oficialismo, con Morena a la cabeza, defiende la medida asegurando que pondrá fin a “los excesos de la burocracia” y evitará que el acceso a la información continúe siendo un “trampolín político”. Como prueba de ello, recordaron el caso de Ximena Puente, exconsejera del INAI que terminó postulándose por el PRI. Según los senadores de Morena, la reforma permitirá simplificar procesos y reducir gastos. Sin embargo, para la oposición y diversos sectores de la sociedad civil, la medida no es otra cosa que un golpe a la rendición de cuentas y un cheque en blanco para la opacidad.
De la burocracia a la discrecionalidad absoluta
Uno de los puntos más críticos de la nueva legislación es el artículo 112, que permite al gobierno reservar información cuando considere que su divulgación causaría “más daño que beneficio”. Esta definición subjetiva, señalan los críticos, otorga al gobierno la facultad de decidir qué se puede conocer y qué debe permanecer oculto. En palabras de la senadora panista Imelda Sanmiguel Sánchez, “quien decidirá qué es de interés público será el mismo gobierno, de manera arbitraria”.
Este detalle no es menor, ya que en el pasado han existido reiteradas reservas de información en proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), bajo el argumento de que su divulgación podría poner en riesgo la seguridad nacional. Ahora, con el nuevo modelo de transparencia, podría convertirse en la norma.
La paradoja de “menos burocracia” y más poder
Mientras el gobierno promete eficiencia y menor burocracia, la nueva reforma no solo transfiere el control del acceso a la información a una Secretaría bajo el mando del Ejecutivo, sino que también amplía los motivos para reservar documentos oficiales. Se podrá mantener bajo llave cualquier información relacionada con “materiales o instalaciones nucleares”, “sistemas tecnológicos y satelitales” y, lo que es más vago aún, cualquier dato cuya publicación pueda “alterar la paz social”.
Además, el plazo para responder solicitudes de información, que según el gobierno se reducirá de “seis meses a 65 días”, es un dato erróneo. El INAI, según la legislación vigente, ya resolvía en un plazo de 20 días.
El acceso a la información en manos del gobierno
Otro de los cambios más relevantes es la eliminación del Sistema Nacional de Transparencia, organismo que antes permitía resolver controversias sobre solicitudes de información de manera independiente. En su lugar, las quejas serán atendidas por “Transparencia para el Pueblo”, que responderá directamente a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. La pregunta que muchos se hacen es: ¿qué garantía tendrá un ciudadano de recibir una respuesta imparcial cuando el juez es el mismo acusado?
Si añadimos la posibilidad de que los nuevos mecanismos de control y sanciones por “mal uso de información” se tornen en una herramienta para perseguir a quienes incomoden al poder, el panorama no es alentador. La esperanza de algunos especialistas es que, al menos, se mantenga el anonimato en las solicitudes de información, algo que ya había sido un mecanismo de protección para periodistas e investigadores.
La transparencia del futuro: un espejo opaco
La reforma aprobada en el Senado aún debe pasar por la Cámara de Diputados, pero su aprobación parece un mero trámite. Con esto, la transparencia en México cambiará radicalmente: de un organismo autónomo con facultades de obligar al gobierno a rendir cuentas, pasaremos a una dependencia centralizada que decidirá qué información es “para el pueblo” y cuál no.
La oposición lo llama “el fin de la transparencia”. El gobierno lo vende como “su evolución”. Pero si el acceso a la información pública ahora estará bajo el control del propio gobierno, quizá la mejor pregunta que podría hacerse un ciudadano sea: ¿quién vigilará a los vigilantes?
