La desaparición de Sandra Estefanía Domínguez, abogada mixe y defensora de los derechos humanos, ha evidenciado la inoperancia y omisión del Estado en la protección de quienes alzan la voz contra la corrupción y la violencia de género. Cinco meses han pasado desde aquel 4 de octubre de 2024, cuando Sandra y su esposo, Alexander Hernández, fueron vistos por última vez en la región de María Lombardo, en los límites de Oaxaca y Veracruz. Desde entonces, su familia ha tenido que asumir la búsqueda que las autoridades han dejado en el olvido.
Un crimen anunciado: hostigamiento y amenazas antes de su desaparición
Sandra Domínguez no solo era una abogada comprometida con la equidad de género y la defensa del territorio, sino también una activista que denunció una red de violencia digital operada por funcionarios del gobierno de Oaxaca. La abogada expuso la existencia de un chat sexual en el que se difundían imágenes de mujeres mixes, señalando como responsable a Donato Vargas Jiménez, coordinador de Delegados de Paz Social del gobierno estatal.
Como castigo por su valentía, fue acosada, perseguida y amenazada. Su desaparición no fue fortuita ni producto del azar: fue vigilada y hostigada hasta que finalmente fue secuestrada. Este hecho, lejos de ser aislado, se suma a una larga lista de desapariciones de activistas en Oaxaca, un estado donde defender los derechos humanos se ha convertido en una sentencia de muerte o desaparición.
La negligencia del Estado: un caso sin avances y con criminalización de la víctima
A pesar de las denuncias públicas y la exigencia de justicia, la investigación sobre su desaparición ha sido más que deficiente: ha sido cómplice del silencio. La familia de Sandra ha enfrentado desdén, hostigamiento y revictimización por parte de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos del Gobierno de Oaxaca, así como de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En lugar de brindar apoyo, las instituciones han criminalizado a la víctima, filtrando información privada y obstaculizando su búsqueda.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), Oaxaca registra 855 mujeres desaparecidas desde diciembre de 2022, una cifra alarmante que revela el fracaso de las políticas de seguridad. Mientras la familia de Sandra recorría las calles exigiendo su aparición con vida, el gobernador Salomón Jara Cruz promovía programas de créditos para mujeres en situación de pobreza, en un intento cínico de maquillar la crisis de violencia de género en su administración.
Un colectivo contra la indiferencia: la lucha incansable de su familia
Ante la inacción de las autoridades, la familia de Sandra, junto con colectivos feministas y de derechos humanos, creó el Comité El Komite Pëjy Tyotk, un esfuerzo autónomo para continuar con la búsqueda de la activista y generar redes de apoyo a nivel nacional e internacional. “No nos rendiremos, no nos callaremos. No vamos a aceptar la violencia del Estado como algo normal”, afirmaron sus hermanas, Kisha y Kenia Domínguez, quienes han liderado las protestas.
Doña Aracely Martínez, madre de Sandra, ha sido una de las voces más contundentes en la exigencia de justicia. En una carta dirigida a su hija, publicada a través de Consorcio Oaxaca, denunció la corrupción y misoginia del gobierno estatal: “Nadie debería atravesar el dolor de no saber dónde está su hija. Ningún hijo debería faltarle a su madre”.
La desaparición de defensores de derechos: una estrategia de terror
La desaparición de Sandra Domínguez no es un caso aislado. En los últimos años, múltiples activistas en Oaxaca han sido desaparecidas o asesinadas, incluyendo a Claudia Uruchurtú e Irma Galindo. La organización Red Lupa ha documentado que el 23% de las mujeres desaparecidas en Oaxaca tenían entre 15 y 19 años, lo que evidencia un patrón sistemático de violencia.
Según el informe “Datos que nos duelen, redes que nos salvan”, entre 2012 y 2023 se han documentado 35,077 agresiones contra mujeres defensoras y organizaciones de derechos humanos en México. La estrategia de desaparición forzada y criminalización no solo busca silenciar a quienes defienden la justicia, sino también infundir terror en quienes continúan resistiendo.
El grito de justicia: “A Sandra la desapareció el Estado”
Las protestas y movilizaciones por Sandra Domínguez han resonado en Oaxaca y en todo el país. En cada marcha, su familia y activistas han gritado con indignación: “¡A Sandra la desapareció el Estado! ¡El Estado es responsable!”. La consigna es clara: el gobierno no ha sido solo ineficiente en su búsqueda, sino que ha sido cómplice de su desaparición.
La falta de avances en el caso, la impunidad y la falta de voluntad política para esclarecer los hechos son reflejo de un sistema que perpetúa la violencia de género y protege a los perpetradores. Mientras las autoridades ignoran el dolor de las familias, estas continúan su lucha, impulsadas por el amor y la rabia.
El mensaje es contundente: no dejarán de buscar hasta encontrar a Sandra, y no descansarán hasta que haya justicia.
