El nepotismo es una de las prácticas más arraigadas en la política y administración pública mexicana. Desde cargos municipales hasta el nivel federal, la designación de familiares y personas cercanas en puestos clave ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones. De acuerdo con el estudio “Integridad en el Servicio Público” de la OCDE (2021), México es uno de los países con mayor percepción de nepotismo en el sector gubernamental, con un 73% de los ciudadanos creyendo que la contratación de servidores públicos está influenciada por conexiones personales en lugar de méritos.
A pesar de esfuerzos por erradicarlo mediante reformas legales y medidas de transparencia, el nepotismo sigue evolucionando, adoptando nuevas formas que desafían la rendición de cuentas y la equidad en el servicio público. Un informe del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) reveló que, entre 2018 y 2022, se registraron más de 1,500 denuncias por nepotismo en dependencias gubernamentales, pero menos del 5% resultaron en sanciones efectivas.
El marco legal en México establece disposiciones para combatir el nepotismo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 109, obliga a los servidores públicos a actuar con integridad y evitar conflictos de interés. La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su Artículo 7, fracción XV, considera el nepotismo una falta grave sancionada con inhabilitación y destitución del cargo. Además, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado prohíbe explícitamente la contratación de familiares directos en las mismas áreas de trabajo.
Sin embargo, el reto no es solo modificar leyes para evitar que funcionarios contraten a sus familiares, sino transformar una cultura política que históricamente ha normalizado el amiguismo y el tráfico de influencias. En México, el nepotismo no distingue niveles de gobierno. En el ámbito federal, se han documentado múltiples casos de funcionarios de alto nivel colocando a familiares en dependencias estratégicas. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) destacó que al menos el 30% de los altos mandos en la administración pública han tenido parentesco con otro funcionario en el mismo periodo de gobierno. A nivel estatal, los gobernadores han utilizado su poder para consolidar dinastías políticas, asegurando que familiares ocupen puestos clave en la administración pública y en órganos legislativos. En municipios, el nepotismo es aún más descarado, pues muchas alcaldías contratan familiares directos en áreas como finanzas, obras públicas y seguridad. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) reveló que en el 60% de los municipios analizados hay al menos un familiar directo del alcalde ocupando un cargo de primer nivel.
Esta red de influencias bloquea el acceso a oportunidades para ciudadanos con méritos, fomenta la corrupción y el uso discrecional del poder. A pesar de múltiples reformas para frenar esta práctica, el nepotismo sigue siendo un problema estructural. Parte de su permanencia se debe a lagunas legales y falta de mecanismos de control. Aunque existen leyes que prohíben explícitamente la contratación de familiares en ciertos niveles de gobierno, muchas regulaciones tienen vacíos que permiten la simulación. Un funcionario puede evitar contratar a un familiar directamente, pero facilitar su ingreso en otra dependencia mediante intercambios de favores con otros servidores públicos. Además, los organismos de control interno, como contralorías estatales y municipales, a menudo carecen de independencia y terminan encubriendo estas prácticas en lugar de sancionarlas.
Otro factor que perpetúa el nepotismo es la falta de consecuencias reales. Son pocos los casos en los que funcionarios han sido sancionados, y cuando ocurre, las penalizaciones suelen ser mínimas. Un reporte de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) en 2022 indicó que, de 1,200 investigaciones iniciadas por nepotismo en los últimos cinco años, solo el 2.3% derivó en algún castigo administrativo o penal. Esto genera un mensaje de permisividad que refuerza la práctica en todos los niveles del gobierno.
Erradicar el nepotismo no es tarea sencilla, pero existen estrategias para reducirlo significativamente. En primer lugar, es fundamental cerrar las lagunas legales que permiten que el nepotismo se disfrace de nombramientos legítimos. Además, las sanciones para quienes incurran en esta práctica deben ser más severas, incluyendo destitución del cargo e inhabilitación para ejercer funciones públicas.
La transparencia también juega un papel clave. Cada dependencia gubernamental debería estar obligada a publicar las vacantes disponibles, criterios de selección y perfiles de los candidatos elegidos. De esta forma, la ciudadanía podría identificar fácilmente si existen conflictos de interés en las contrataciones. Asimismo, es necesario fortalecer los órganos de control, dotándolos de autonomía real para investigar y sancionar casos de nepotismo sin interferencias políticas. Actualmente, muchos de estos órganos están subordinados a los mismos gobiernos que deben vigilar, lo que genera un conflicto de interés evidente.
Si bien el nepotismo es un problema histórico y arraigado en la política mexicana, los avances en transparencia y rendición de cuentas han comenzado a generar mayor presión social para su erradicación. Sin embargo, el éxito de cualquier reforma dependerá de la voluntad política y la capacidad de las instituciones para hacer cumplir las leyes. Mientras el acceso a los cargos públicos siga dependiendo de conexiones familiares y no de méritos, la percepción de que la política es un negocio de élites seguirá debilitando la confianza ciudadana en las instituciones. La lucha contra el nepotismo es, en última instancia, una batalla por la integridad y la eficiencia del Estado.
