Así es esto
Transparencia a la 4T: Los cambios que vienen
Con la reforma del año pasado que eliminó al INAI, se necesitaban los cambios reglamentarios para dar cauce a la nueva forma de entender en México la transparencia y el acceso a la información, la iniciativa fue presentada por la presidenta en el senado, y de conformidad con las notas de prensa ya se ha aprobado el dictamen ahí. Aun cuando falta la terminación del proceso legislativo, adelantamos algunos de los principales cambios, gracias al documento que se circuló entre los legisladores y que nuestro amigo, el diputado Paulo Martínez, nos hizo llegar y a quien por cierto agradecemos.
Se sustituye a los organismos garantes autónomos, por las autoridades garantes que serán:
- El órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el ámbito federal, denominado Transparencia para el Pueblo. Este descentralizado será unipersonal y nombrado directamente por la presidenta de México, su función será resolver sobre los recursos de revisión.
- El órgano de control y disciplina del Poder Judicial de la Federación.
- Los órganos de control de los órganos constitucionales autónomos.
- Las contralorías del Congreso de la Unión.
- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por cuanto hace a los sindicatos, en atención a sus apartados.
- El Instituto Nacional Electoral, respecto a los partidos políticos.
- Las autoridades de control interno y vigilancia o equivalentes en los gobiernos de las entidades federativas, quienes conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de sus municipios o demarcaciones territoriales, conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes locales. Aquí el primer problema grave, que las contralorías estatales conozcan de los asuntos de transparencia de los municipios, pues se violenta el artículo 115 constitucional que prohíbe las autoridades intermedias entre el estatal y el municipal.
- Los órganos encargados de la contraloría interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos, de las entidades federativas.
En resumen: el gobierno revisándose así mismo, justo como antes de la reforma de 2002 ¿Cree usted que una autoridad garante va a asumir una decisión objetiva si se trata de su propia infraestructura? Tiempos negros vienen, es obvio. Y ni siquiera creo que la presidenta tenga esto en mente, genuinamente estoy convencido que ella quiere transparencia, sin embargo una cosa es eso, y otra totalmente diferente el funcionamiento de un aparato burocrático gigantesco que, ahora sin un control externo, claro que va a regresar a la opacidad.
Ahora bien, en cuanto a las autoridades garantes estatales, se deja en la autonomía de los estados la estructura apelando a que se “adopte como modelo de referencia el federal” es decir un desconcentrado unipersonal. Totalmente en contra, debemos diferenciarnos de ese modelo que se antoja no funcionará, sugiero crear un desconcentrado colegiado, donde los titulares no sean nombrados directamente por el ejecutivo, sino que atraviesen por un mecanismo ya sea ciudadanizado o con participación de más poderes. Que sean inamovibles una vez nombrados. O sea, en nuestra libertad legislativa estatal, crear un autónomo de closet.
Se cambia el actual Sistema Nacional de Transparencia por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Lo integrarán:
- La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien lo presidirá.
- La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
- El Archivo General de la Nación.
- El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
- El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
- El Instituto Nacional Electoral.
- La presidencia de cada Comité de los Subsistemas de Transparencia Estatales. Estos se integran con el OIC del poder ejecutivo, legislativo, judicial y de los autónomos de cada entidad federativa.
Este SNAIP, tendrá básicamente las mismas facultades que el anterior sistema: generar las políticas, homologar, establecer criterios generales, etcétera.
Transparencia para el pueblo: este organismo materialmente jurisdiccional (que de forma incoherente no va a participar del SNAIP) resolverá recursos de revisión en contra de las respuestas de información a nivel federal, pero también local, cuando haya recursos federales de por medio. Además el SNAIP, podrá emitir acuerdos generales para que este desconcentrado conozca de otros recursos de revisión de los estados. Es decir, tendrá facultades nacionales (como el INAI) pero siendo un desconcentrado que nombró directamente la presidenta. En pocas palabras: una violación a la autonomía de las entidades federativas.
Como en el sistema actual, contra las resoluciones de las autoridades garantes, procederá el juicio de amparo, pero se dispone que el Poder Judicial de la Federación establezca juzgadores especializados en la materia. Parecería que este será la solución real contra la desaparición del INAI, pero el problema es que en el amparo no se permite lo anónimo, una de las principales características del sistema actual, que el interesado puede solicitar y litigar el recurso sin necesidad de relevar su nombre.
En cuanto a las obligaciones públicas de transparencia, se aumentan los supuestos, desglosando además de forma más detallada la información que tienen que subir a los portales de transparencia los sujetos obligados, en pocas palabras, tendrán más chamba os burócratas, que de por sí se quejan de lo difícil que es complementar la enorme cantidad de formatos de Excel. Esto además contribuirá a otro problema: la enorme selva de la información, hay tantos formatos en la plataforma, que el ciudadano común no entiende.
Definitivamente estamos en un retroceso, históricamente las contralorías no han servido para sancionar, incluso se les acusa de que no sirven para nada. Ojo, no coincido, los OIC están diseñados para que la estructura interna de los entes funcione correctamente, por ello, su principal función de forma natural no es sancionar, nadie quiere que su organismo sea sancionado pues se infiere que es corrupto; su tarea es la prevención y protección, en ese sentido buscarán a toda costa evitar revocar resoluciones de las unidades de transparencia así como emitir sanciones. Quiero insistir, no porque sean maliciosas en sí mismas (claro que las hay) sino porque están diseñadas jurídica y políticamente así.
La ley tiene más detalles que tendremos que esperar a que sea publicada para explicar, por lo pronto la postura es unánime, tanto desde el ámbito académico como de la sociedad civil, las reformas que se vienen parecen, huelen, se intuyen, que provocarán un enorme retroceso después de 23 años de evolución de transparencia y acceso a la información. Espero que nos equivoquemos y el partido en el poder tenga la razón.
