Si hay algo que Cuauhtémoc Blanco domina, además de los tiros de penal, es alargar los partidos. Esta vez, el exgobernador de Morelos y actual diputado de Morena enfrenta un proceso de desafuero derivado de una denuncia por intento de violación presentada por su media hermana, Nidia Fabiola Blanco. Como en cualquier encuentro político de alto calibre, el caso ha estado marcado por jugadas estratégicas, tiempos procesales y un arbitraje que asegura seguir el reglamento al pie de la letra, aunque los espectadores ya duden del marcador.
El presidente de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, Hugo Eric Flores, confirmó que el proceso de desafuero está en marcha y que la decisión final podría conocerse en aproximadamente dos meses. Según Flores, se garantizará el debido proceso, pero también se tomará en cuenta la perspectiva de género, un giro interesante considerando el historial de impunidad en casos similares. “Sin prisa, pero sin pausa”, fue su declaración, que suena más a estrategia política que a garantía de justicia.
Para poner las cosas en contexto, la denuncia contra Blanco fue presentada en octubre de 2024, acusándolo de intentar someter sexualmente a su media hermana, quien logró defenderse. Desde entonces, la Fiscalía General del Estado de Morelos ha recopilado pruebas y ha insistido en que el diputado enfrente la justicia como cualquier otro ciudadano. Sin embargo, el fuero legislativo, ese escudo protector que tantas veces ha sido utilizado como refugio, ha complicado el proceso.
La Sección Instructora, encargada de evaluar la solicitud de desafuero, ya notificó a Blanco, lo que activó el periodo de 30 días para que ambas partes presenten pruebas. Aquí es donde la política juega su propio partido: mientras el PAN intentó forzar una votación inmediata para admitir el expediente, Morena y sus aliados insistieron en seguir los tiempos procesales establecidos. Según el diputado del PVEM Raúl Bolaños Cacho, “no hay debate sobre la admisión del caso, los plazos ya corren”. Es decir, no hay duda de que el caso está en curso, pero aún falta ver si realmente se resolverá en los tiempos prometidos o si entrará en el clásico juego de la burocracia.
Como si la presión del proceso no fuera suficiente, las manifestaciones del 8 de marzo sumaron un elemento más a la ecuación. En plena marcha feminista, un contingente llevó una piñata con la imagen de Cuauhtémoc Blanco, la arrastró y la quemó frente a Bellas Artes, acompañada de consignas como “Cuauhtémoc, violador de mujeres” y “este no es diputado, es violador”. La imagen fue contundente: en las calles, la sociedad ya tiene su veredicto, aunque en los pasillos legislativos el desenlace aún esté en veremos.
Por si fuera poco, Blanco ha buscado desmarcarse con una estrategia doble: negar el parentesco con la denunciante y argumentar que la acusación es una maniobra política. Incluso ha asegurado que su medio hermano, Ulises Bravo Molina, interpuso una denuncia contra Nidia Fabiola por extorsión, como si fuera parte de un contraataque en la cancha. A esto se suma otra denuncia que el propio Blanco presentó contra el entonces fiscal Uriel Carmona Gándara, justo un día antes de que se hiciera pública la solicitud de desafuero. Carmona, quien inicialmente llevaba el caso, fue destituido, lo que añade otra capa de incertidumbre al proceso.
El desenlace aún es incierto, pero el caso Cuauhtémoc Blanco ha puesto sobre la mesa una discusión clave sobre la impunidad y el uso del fuero como escudo. Mientras los diputados aseguran que el proceso avanza y que la justicia prevalecerá, las manifestaciones en la calle reflejan otra realidad: la paciencia social con los casos de violencia de género en la política se está agotando. ¿Veremos finalmente un desafuero ejemplar o se tratará solo de otra jugada en el eterno partido de la impunidad? El tiempo, y los intereses políticos, lo dirán.
