Bajo presión
Verdad histórica
Hallar, encontrar, difundir la “verdad histórica” sobre un hecho, esclarecer hechos del pasado relacionado, sobre todo, con violaciones de derechos humanos y crímenes del Estado, obliga a seguir un proceso de investigación riguroso, con transparencia así como una inmediata y constante rendición de cuentas, con la guía de un reconocimiento del derecho de las víctimas a la justicia y resarcir el daño. Por la desvergüenza de la administración de Enrique Peña Nieto y la manipulación del discurso para deslindar a su gobierno de la responsabilidad de lo ocurrido con los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, hoy, “verdad histórica” se ha cargado de una connotación negativa y es sinónimo de “versión oficial”, esa que manipula la información y perpetúa la impunidad.
En su momento, cuando el peñanietismo intentó dar carpetazo al destino de los estudiantes normalistas desaparecidos, fue sumamente relevante el papel que jugó el movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, ya que se demandó la revisión de las investigaciones, realizar nuevas indagatorias con apoyo de grupos internacionales especializados y, en especial, con la participación de familiares de las víctimas.
Con el ascenso al poder del grupo de López Obrador, lo que en primera instancia parecía el desarrollo de una empatía con las familias en la exigencia de justicia se fue revelando como el uso del dolor de las víctimas con el propósito de quedar bien con la mayoría de la sociedad; el primer gobierno tetratransformista fue incapaz de dar respuesta a la desaparición de los normalistas, de establecer una verdad histórica, en mucho, por la estrategia seguida por López Obrador ante el avance y crecimiento del crimen organizado, así como la obstinación de establecer que vivíamos en el paraíso de sus otros datos.
En respuesta al hallazgo de un centro de adiestramiento en el municipio de Teuchitlán, la Fiscalía General de la República señaló las múltiples omisiones cometidas por la Fiscalía estatal de Jalisco en la investigación del rancho Izaguirre.
En conferencia de prensa, el fiscal Alejandro Gertz Manero enumeró la cantidad de irregularidades y omisiones encontradas en el Caso Teuchitlán, estas son sólo algunas de ellas:
- Las diligencias ministeriales del fuero común que se hicieron en septiembre y octubre del año pasado, no realizaron el rastreo de indicios o huellas de los hechos.
- No se cumplió con el debido registro e identificación de todo lo hallado, en especial, las prendas de vestir y calzado abandonadas en ese sitio.
- No se realizó la inspección total y exhaustiva del lugar.
- No se ordenó la inmediata identificación de las huellas dactilares ahí encontradas.
- No se procesaron debidamente los vehículos encontrados, y tres de ellos ya fueron robados.
- El inmueble quedó en estado de abandono y sin ninguna protección, a pesar de que estaba asegurado por el Ministerio Público local.
- No se identificaron los antecedentes ni la propiedad del inmueble.
- No se dio intervención inmediata a la FGR por los delitos de posesión y utilización de armas de fuego de alto calibre y por delincuencia organizada.
- Seis meses después de ser descubierto por primera vez por la Guardia Nacional, los servicios periciales de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo que establezca con precisión la antigüedad e identidad de los restos encontrados.
- No se cuenta con análisis físicos y químicos que, en forma directa, vinculen las zanjas con la posibilidad de actividades crematorias.
- No se han establecido con toda precisión los vínculos, encubrimientos y coparticipaciones de autoridades locales con cárteles delictivos que operan en esa región, a pesar de las declaraciones de personas secuestradas en el rancho Izaguirre.
- No se dio seguimiento a la declaración de una de las víctimas sobre el origen de las prendas halladas, que pertenecieron a las personas que los delincuentes habían reclutado y adiestrado en ese sitio.
- No se tomó la declaración del presidente municipal, del secretario general y del secretario de Seguridad Pública de Teuchitlán respecto a sus obligaciones de prevención del delito.
- No se levantaron las actuaciones testimoniales de los vecinos ni de las personas vinculadas.
Por el cúmulo de omisiones, Gertz Manero solicitó de manera urgente a las autoridades de Jalisco que “hagan entrega a la FGR de sus peritajes definitivos y de todas sus actuaciones vinculadas con este caso a fin de que esta institución establezca lo procedente” y asumir la investigación, cuyos resultados se harán públicos de manera inmediata.
De todo esto, lo que se destaca en los medios de comunicación es que el fiscal Gertz Manero concluyó la conferencia de prensa comprometiéndose a no dar una “verdad histórica” como la de Ayotzinapa.
Con esa declaración, desde ya, sobre la difusión pública de los resultados de la investigación está la amenaza de tergiversar los hechos para establecer que la desaparición de personas en el rancho Izaguirre es únicamente un asunto de un grupo criminal; con el propósito de establecer una versión oficial en la que se deslinde a cualquier gobierno, los estatales de Enrique Alfaro o Pablo Lemus, o el federal de López Obrador o Claudia Sheinbaum, y se reduzca a la complicidad de algunos miembros de administraciones municipales, para el fiscal Gertz Manero será complicado ocultar que en México, sin importar el color de los gobiernos, siempre son una responsabilidad del Estado los avances del crimen organizado, siempre, no importa si por complicidad u omisión.
Más allá de cómo se quiera apodar a la verdad, lo que el fiscal está obligado a difundir, son los elementos que, primero, permitan resarcir el daño a las víctimas actuales, seguido de la exhibición de las rutas que sigue el crimen organizado para que las autoridades, todas, actúen como lo exige el Estado de Derecho.
Coda. La desvergonzada clase política que se monta en el dolor de las víctimas ha degradado tanto el discurso que ya es imposible entender que una versión oficial es el resultado de una investigación rigurosa e imparcial.
@aldan
