Imagínate que el gobierno pueda ver tu número de teléfono, tu historial de llamadas, tus datos biométricos y toda tu información privada. Bueno, pues eso podría estar a punto de hacerse realidad.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar dos reformas que le darán a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) acceso ilimitado a un montón de datos personales con la idea, según dicen, de combatir la delincuencia organizada. La intención es frenar delitos como extorsión y secuestro, pero hay quienes advierten que esto podría poner en peligro la privacidad de todos.
¿De qué tratan las reformas en materia de seguridad envidas por Sheinbaum?
Básicamente, el gobierno quiere tener más herramientas para investigar y atrapar criminales. Para eso, aprobó dos reformas que afectan la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
Un registro nacional de usuarios de telefonía móvil
Uno de los puntos clave es la creación de un registro nacional con todos los números de teléfono del país. La idea es que, si alguien comete un crimen usando una línea telefónica, las autoridades puedan rastrearlo rápidamente.
Suena bien en teoría, pero esto significa que cualquier persona con un celular estará en esta base de datos, sin importar si ha cometido un delito o no. Los críticos dicen que esto podría usarse para espiar o vigilar a ciudadanos sin justificación.
La Secretaría de Seguridad tendrá acceso a TODO
Con estas reformas, la SSPC podrá pedir información no solo a otras instituciones del gobierno, sino también a empresas privadas. O sea, podrán consultar:
- Registros de autos (quién es dueño de qué coche).
- Datos biométricos (huellas dactilares y reconocimiento facial).
- Información fiscal (cuánto ganas y pagas de impuestos).
- Historial telefónico (con quién hablas y cuánto tiempo).
- Registros de propiedades (casas, terrenos, etc.).
- Licencias de armas (quién tiene permisos para portar armas).
Toda esta info se concentrará en un megacentro de datos que conectará a la Fiscalía General de la República (FGR), el SAT, el INE, la UIF, la Marina y el Ejército. Básicamente, si estás en alguna base de datos oficial, el gobierno podrá acceder a tu información.
Privacidad en riesgo: ¿Y la seguridad de los datos?
El problema no solo es qué tanta información tendrá el gobierno, sino cómo la protegerá.
Sin medidas adecuadas de ciberseguridad y protección de datos, toda esta información podría quedar expuesta a hackeos o filtraciones. Ya hemos visto casos en los que bases de datos gubernamentales han sido vulneradas, dejando a millones de ciudadanos en riesgo de robo de identidad, fraudes y otros delitos digitales.
Si esta información cae en manos equivocadas, podríamos enfrentarnos a un problema mayor: no solo el gobierno tendría acceso a estos datos, sino también ciberdelincuentes.
Reforma en materia de seguridad crea posturas divididas
La aprobación de estas reformas ha causado un gran debate. Por supuesto, Morena y sus aliados dicen que es un avance importante para frenar el crimen organizado. Argumentan que sin estas herramientas, los delincuentes seguirán operando sin control.
Mientras, el PAN y el PRI creen que esto pone en riesgo la privacidad y los derechos humanos. Dicen que darle acceso ilimitado a estos datos al gobierno podría usarse para espiar o vigilar a cualquier persona.
Por su parte, Movimiento Ciudadano pide que se establezcan límites claros para evitar abusos y proteger mejor los datos de los ciudadanos.
¿Qué sigue?
Una vez aprobado en comisiones, el dictamen fue remitido a la Mesa Directiva del Senado para su trámite correspondiente en el Pleno.
La pregunta del millón es: ¿realmente servirá para frenar el crimen o estamos frente a un riesgo de vigilancia masiva y vulnerabilidad de datos? ¿Tú qué opinas?
