Este 20 de marzo no fue un día cualquiera: marcó el final de una institución clave en la rendición de cuentas en México. El INAI, el organismo que durante más de dos décadas garantizó nuestro derecho a saber en qué se gasta el dinero público, dejó de existir. Su última sesión no fue solemne ni nada por el estilo, sino caótica.
Trabajadores furiosos, comisionadas huyendo entre gritos de “traidoras” y una sensación generalizada de incertidumbre marcaron el fin de una institución clave. ¿Qué sigue ahora?
Así se vivió el último día del INAI
El INAI tenía 22 años garantizando que cualquier persona pudiera pedir información sobre contratos, presupuestos o decisiones gubernamentales. Básicamente, funcionaba como un árbitro independiente que aseguraba que el gobierno entregara los datos que, por derecho, deben ser públicos.
En la última sesión, los comisionados votaron un acuerdo sobre las compensaciones para los trabajadores del instituto. Lo que parecía una salida digna se convirtió en un caos cuando se confirmó que los finiquitos no estaban asegurados para todos.
Cerca de 800 empleados del INAI, que ya habían trabajado bajo incertidumbre en los últimos meses, se encontraron con la noticia de que no todos recibirían una compensación justa. Algunos solo recibirán lo que marca la ley, mientras que otros ni siquiera tienen claridad sobre si podrán cobrar sus liquidaciones.
Aunque se había dicho que podrían ser reubicados en otras dependencias, no hay un plan claro ni garantías de que esto suceda. Muchos trabajadores de base esperaban una liquidación justa, pero con la desaparición del instituto, su situación quedó en el aire.
¿Quién se queda con las funciones del INAI?
Y mientras empleados pelean sus derechos laborales, la pregunta es ¿qué instituciones se encargarán del trabajo del INAI? Ahora que oficialmente el INAI desapareció, las responsabilidades de transparencia quedarán repartidas entre varias dependencias:
- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Se encargará de vigilar la transparencia del gobierno federal. Sí, el mismo gobierno controlando lo que se puede o no se puede saber…
- Cámaras de Diputados y Senadores: Sus propias contralorías internas verificarán el acceso a la información.
- Poder Judicial: Tendrá su propia instancia de transparencia.
- Órganos autónomos (INEGI, Banco de México, CNDH, etc.): Cada uno se encargará de su propia rendición de cuentas.
En teoría, el acceso a la información seguirá existiendo, pero sin un instituto independiente que lo garantice, las decisiones quedan en manos de las mismas instituciones que deberían ser vigiladas.
¿Y qué pasa con la Plataforma Nacional de Transparencia?
La PNT, que era la herramienta donde cualquier persona podía buscar información o hacer solicitudes de transparencia, pasará a manos de la Secretaría Anticorrupción. Se supone que seguirá funcionando, pero hay dudas sobre cómo se manejarán las solicitudes y los recursos de revisión, es decir, qué pasará cuando una dependencia se niegue a dar información.
El INAI fue una piedra en el zapato para muchos gobiernos porque obligaba a dar explicaciones sobre el uso del dinero público. Con su desaparición, las reglas cambian y el acceso a la información queda en manos de quienes, muchas veces, buscan ocultarla.
