Derechos Humanos expresa preocupación por manejo irregular del sitio y revictimización, mientras colectivos denuncian opacidad
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió un llamado urgente a las autoridades de Jalisco para garantizar la preservación de indicios, evidencias y la cadena de custodia en el rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, luego de que una visita masiva de medios de comunicación, colectivos de búsqueda y familiares de víctimas —convocada por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero— generara críticas por comprometer el proceso investigativo.
El organismo, presidido por Rosario Piedra Ibarra, advirtió en un comunicado que la irrupción de aproximadamente 200 personas, incluidos integrantes de organizaciones civiles y 67 medios, el 20 de marzo —sin coordinación con las autoridades locales— violó protocolos básicos de resguardo ministerial. Personal de la CNDH, presente desde el 19 de marzo para colaborar con la Fiscalía de Jalisco, documentó cómo se rompió el cerco de protección del predio, lo que podría afectar la validez legal de los hallazgos en futuros procesos judiciales.
Contexto de la controversia
El rancho Izaguirre, vinculado a investigaciones por desapariciones forzadas en Jalisco —estado que acumula más de 15,000 personas desaparecidas, según datos oficiales—, había sido resguardado por la Sedena. La polémica estalló cuando Gertz Manero, junto al fiscal estatal Salvador González, abrió el sitio a medios y colectivos sin una logística clara, acción calificada por familiares como un “circo, farsa y burla” que trivializa su dolor.
La CNDH, sin nombrar explícitamente al fiscal federal, subrayó la necesidad de apegarse a la *Ley General en Materia de Desaparición Forzada*, que exige transparencia y participación regulada de familias para evitar revictimización. “La información alarmista y confusa no contribuye a la verdad”, señaló el organismo, al destacar el riesgo de que se obstaculice el acceso a la justicia.
Críticas y demandas de los colectivos
Integrantes de colectivos como Madres Buscadoras de Jalisco exigieron acceso real a las investigaciones, acusando a las fiscalías de opacidad y de utilizar el caso como espectáculo mediático. “No queremos fotos, queramos respuestas”, declaró una madre en rueda de prensa, reflejando el desgaste de años de lucha en un país con más de 100,000 desaparecidos.
La CNDH reconoció el derecho de las familias a participar, pero insistió en seguir el Protocolo Homologado de Búsqueda, que establece pautas para su intervención sin comprometer evidencias. Asimismo, demandó un registro detallado de hallazgos y de quienes intervienen en la cadena de custodia, crucial para judicializar el caso.
Implicaciones legales y próximos pasos
La falta de control en el acceso al rancho no solo pone en riesgo la investigación, sino que podría derivar en impunidad, como ha ocurrido en casos anteriores donde la manipulación de escenas diluyó responsabilidades. La CNDH anunció que brindará asesoría técnica para reforzar la coordinación entre autoridades y garantizar que los hallazgos se traduzcan en justicia.
Mientras tanto, la sociedad civil exige que el gobierno federal priorice una política de búsqueda con enfoque humanitario y evite replicar prácticas que, lejos de aliviar el dolor, convierten la tragedia en espectáculo. El caso de Teuchitlán se perfila como una prueba para las instituciones en un contexto donde la confianza en el Estado sigue en entredicho.
