Hay momentos en la política mexicana en los que el cinismo supera a la ficción. Esta vez, el capítulo se titula ”¿Cómo proteger a un diputado acusado de intento de violación sin que parezca que lo estás protegiendo?” y su protagonista es Cuauhtémoc Blanco, exgobernador, actual legislador y, según la Fiscalía, sujeto de una investigación por un delito grave. La Sección Instructora de la Cámara de Diputados ya dio su veredicto: carpetazo. Y no, no es metáfora. Literalmente desecharon la solicitud de desafuero por “deficiencias” en la carpeta de investigación.
Pero, como en toda tragicomedia nacional, no todos los actores están cómodos con el guion. Varios grupos de diputadas —sí, diputadas— han levantado la voz con una mezcla de furia, impotencia y un dejo de esperanza en que algo, lo que sea, funcione en este sistema. Porque aunque la Sección Instructora ya dijo “no hay caso”, el dictamen aún debe pasar por el pleno. Y ahí es donde las diputadas intentan armar resistencia.
Gabriela Jiménez, vicecoordinadora parlamentaria, dejó claro que ella no está dispuesta a encubrir bajo el manto del fuero: “Si el ministerio público no ha construido un caso sólido, que sea un juez quien lo determine, pero jamás debe utilizarse la figura del fuero constitucional como mecanismo para obstaculizar el acceso a la justicia”. En un país donde el fuero se ha convertido en pasaporte a la impunidad, suena casi revolucionario.
La presidenta de la Comisión de Igualdad, Anais Miriam Burgos, fue más allá. Convocó a las 251 diputadas del Congreso a ejercer un voto que no solo rechace la decisión de la Sección Instructora, sino que le ponga nombre a la complicidad estructural: “Somos mayoría y el día que se suba a Pleno, las diputadas mostraremos nuestra indignación, porque lo primero que tenemos que hacer como legisladoras es creerle a las víctimas”.
Y aquí el detalle importante: esta no es una discusión sobre culpabilidad o inocencia. No es un juicio, es una decisión política sobre si un legislador debe tener el privilegio de evadir el proceso judicial. Varios legisladores han insistido en que el papel de la Cámara no es juzgar, sino decidir si hay elementos suficientes para quitarle el blindaje institucional a alguien señalado por la justicia. El punto es: dejar que la justicia haga su trabajo, no bloquearle el paso con tecnicismos.
Incluso dentro de los mismos grupos parlamentarios hay quienes no entienden por qué se invoca la “presunción de inocencia” para evitar el simple paso de rendir cuentas. Como lo dijo otra diputada: “No vaya a haber una sola mujer que prefiera cuidar a un compañero que hacerle justicia a otra mujer”. La frase no necesita mucho análisis: la línea entre la sororidad institucional y el blindaje partidista se está poniendo a prueba.
