En la telenovela político-religiosa que no sabíamos que estábamos viendo, la Arquidiócesis Primada de México ha decidido salir del púlpito y meterse, con video y todo, en las campañas de la elección judicial 2025. Eso sí, según dicen, “en calidad de ciudadanos mexicanos”. Como si eso disolviera mágicamente la muy conveniente línea entre Iglesia y Estado. Spoiler: no lo hace.
La elección del próximo 1 de junio no será cualquier jornada electoral. Por primera vez se votará de manera directa a 881 funcionarios del Poder Judicial, entre ellos nada más y nada menos que nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Y justo ahí, donde más debería mantenerse la neutralidad y la independencia, la Iglesia Católica quiere jugar a ser influencer cívico.
La editorial dominical Desde la Fe —órgano informativo de la Arquidiócesis— convoca públicamente a los aspirantes a la SCJN a mandar un video de minuto y medio (sí, un reel de justicia divina) para hablar de su trayectoria, propuestas y, muy enfáticamente, de “la defensa de los derechos humanos, comenzando por el elemental derecho a la vida”. No hace falta tener un doctorado en semiótica para leer entre líneas: ese derecho a la vida es un eufemismo largamente explotado por sectores conservadores para posicionarse contra derechos reproductivos. Una pista más de que la neutralidad aquí es puro incienso.
Alegando su “preocupación” por la falta de recursos de los candidatos judiciales —porque claro, lo que más angustia a la Iglesia en este país son los presupuestos de campaña—, la Arquidiócesis ofrecerá sus propios canales para que los candidatos difundan sus ideas. Eso sí, solo los de la Suprema Corte. Al parecer, los otros 872 cargos no tienen el mismo nivel de “vida” que defender.
Y como si el gesto no fuera ya de por sí una intromisión institucional, la convocatoria viene envuelta en un manto de devoción: “Encomendamos a la Santísima Virgen de Guadalupe, esta nación mexicana, para que la decisión de los ciudadanos sea la más acertada, los jueces electos sean iluminados con la Sabiduría, y el voto ciudadano sea libre y respetado.” Nada como invocar a la patrona nacional para maquillar la participación eclesiástica en un proceso democrático.
Hay que decirlo con claridad: el riesgo aquí no es solo simbólico. Esta “ayuda” de la Iglesia católica ocurre en un contexto de incertidumbre electoral, con reglas aún improvisadas, financiamiento limitado y una ciudadanía que apenas empieza a entender cómo se votará por jueces. La Iglesia lo sabe. Por eso interviene: no para informar, sino para influir.
Peor aún, la narrativa que manejan sobre los derechos humanos está claramente sesgada hacia su visión doctrinal. La promoción de candidatos que se alineen con una interpretación religiosa de la justicia no es un acto cívico, es una intervención política. Y en una elección de jueces —quienes deberán interpretar leyes con base en la Constitución y no en los evangelios—, esto representa una amenaza directa a la independencia judicial.
Por si alguien tenía dudas de si la separación Iglesia-Estado era sólida, la propia Arquidiócesis nos ofrece la respuesta: no solo es porosa, es prácticamente opcional. Mientras la Constitución se queda como testimonio decorativo de la laicidad, el púlpito se transforma en tribuna electoral.
La relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, ya había encendido las alarmas hace un año. Su advertencia sobre las “amplias implicaciones” de esta reforma judicial para la independencia del sistema en México no era retórica diplomática, era una premonición.
Y aquí estamos: con una reforma judicial improvisada, sin reglas claras, con límites de gasto ridículamente bajos y una urna única para depositar todos los votos. En ese caos, entra la Iglesia ofreciendo su plataforma como si fuera un servicio comunitario. Pero no hay que engañarse: quien controla el canal, también puede controlar el mensaje.
La pregunta no es si la Iglesia puede o no emitir opiniones —eso es incuestionable—, sino si debe utilizar su poder institucional, simbólico y comunicativo para orientar el voto en un proceso judicial. Y la respuesta, en una república laica, debería ser un rotundo no.
Porque no, no estamos hablando de un grupo civil más. Hablamos de una institución que tiene más de 90 millones de fieles en el país, que aún ejerce influencia en la política pública (basta ver la agenda conservadora sobre temas de género o educación) y que ahora busca posicionarse como intermediaria entre los candidatos a jueces y el electorado. Todo esto mientras invoca a la Virgen y bendice el voto “libre y respetado”.
Si esto no es una regresión al México del voto confesional, se le parece bastante.
En resumen: lo que parecía una elección técnica, jurídica y especializada, se ha convertido en un campo fértil para la intromisión eclesiástica. La Iglesia ha encontrado una grieta en la reforma judicial y se ha colado con sotana, video y sermón en mano.
El Estado laico no se defiende solo. Y si no lo cuidamos, puede que pronto lo tengamos que encontrar en alguna iglesia… escondido detrás del confesionario.
