La madrugada del 25 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) tomó finalmente posesión del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, una propiedad señalada por su presunto vínculo con actividades delictivas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El hecho marca un punto de inflexión en una investigación que, desde septiembre de 2023, había estado bajo la dirección de la Fiscalía estatal, y que ahora pasa a jurisdicción federal tras la detención de José Gregorio N, alias “El Lastra”, presunto operador del grupo criminal.
Según el fiscal general Alejandro Gertz Manero, la demora en la toma de control por parte de la FGR obedeció a que la instancia local tenía el mando inicial de las diligencias. Una vez judicializado el caso como delincuencia organizada, el Ministerio Público federal intervino y abrió una nueva carpeta que permitió dictar prisión formal a “El Lastra”. En palabras del fiscal, se trató de un proceso legal y procesal que requería condiciones específicas para activar la acción federal.
A partir de ahora, peritos federales llevarán a cabo los estudios forenses en el lugar, y se espera que los restos óseos, prendas y demás elementos recolectados previamente por las autoridades locales sean entregados a la FGR. “Hemos solicitado formalmente la documentación, bienes y pruebas óseas recolectadas en estos seis meses, para evitar que se quede un proceso pericial trunco mientras iniciamos otro”, advirtió Gertz, marcando así una crítica directa a la gestión estatal.
El fiscal también fue contundente al señalar irregularidades cometidas por la Fiscalía de Jalisco. En particular, recriminó que se permitiera el ingreso de colectivos y medios de comunicación al predio sin previo aviso, lo que, según su valoración, pudo haber comprometido la integridad de la escena del crimen. El episodio al que hace referencia ocurrió el 20 de marzo, cuando colectivos de madres buscadoras, periodistas y creadores de contenido digital ingresaron al rancho. La escena fue calificada por las víctimas como un “circo” o “tour del horror”, dada la falta de protocolos y el tono inadecuado del recorrido.
En contraste con la narrativa oficial, estos colectivos han reportado la presencia de lo que describen como “hornos clandestinos” y al menos 400 pares de zapatos encontrados en el sitio, lo que ha alimentado la percepción social de que el rancho podría haber sido un centro de exterminio. Sin embargo, el gobierno federal, a través del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha rechazado tal caracterización. “Es muy distinto que en un inmueble se cometan homicidios a que sea un campo de exterminio”, aclaró. Según Harfuch, no existen indicios de que el sitio haya sido usado para exterminar a cientos o miles de personas, aunque sí reconoció que se cometieron homicidios en el lugar.
Más allá del debate semántico, lo que queda claro es que el caso Rancho Izaguirre expone una fisura institucional entre fiscalías, así como una diferencia notable entre las versiones oficiales y las vivencias de los colectivos de búsqueda. Mientras el gobierno federal intenta marcar distancia del pasado al insistir en su compromiso con la transparencia y la “verdad sin pactos de silencio”, los testimonios de las víctimas y los hallazgos preliminares contradicen esa aspiración.
La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha acompañado las conferencias en las que se ha abordado este caso, enfatizó la necesidad de esclarecer los hechos y dar certeza a las familias de personas desaparecidas: “El pueblo de México tiene que saber la verdad de qué hay en ese rancho”. Su declaración resuena en un país que suma más de 120 mil personas desaparecidas desde la década de 1960, según cifras oficiales.
No obstante, la promesa de justicia y claridad choca contra una larga historia de procesos entorpecidos, falta de coordinación y discursos que se construyen más desde el control narrativo que desde la evidencia completa. Mientras la FGR promete avances periciales secuenciales y “sin estorbo”, la urgencia de los colectivos civiles —que ya han documentado irregularidades, evidencias y omisiones— parece ir por otra vía: una en la que la búsqueda de verdad no espera permisos burocráticos ni avales institucionales.
Así, entre la recuperación del control federal, los silencios del pasado y los testimonios del presente, el caso Rancho Izaguirre se convierte en un espejo de las tensiones actuales del sistema de justicia en México: uno que oscila entre la promesa de transparencia y la sospecha de encubrimiento, entre el discurso de autoridad y la evidencia que aún no termina de hablar.
