La CURP —ese código que todos hemos memorizado a fuerza de trámites— está por volverse un documento con esteroides: fotografía, huellas dactilares y un rol protagónico en una “Plataforma Única de Identidad” que, si todo sale como lo planeado por el gobierno de Claudia Sheinbaum, será la columna vertebral de la estrategia nacional contra las desapariciones en México. O al menos, esa es la narrativa oficial.
Según la iniciativa recién presentada, la nueva CURP (rebautizada, sin mayor creatividad, como “Certificado”) será obligatoria para todos los mexicanos y residentes legales, y operará en un plazo de 90 días tras la entrada en vigor de la reforma. Esta plataforma interoperable no solo tendrá datos biométricos, sino que podrá consultar —en tiempo real— información de instituciones públicas, privadas y hasta religiosas. Porque claro, nunca se sabe si el desaparecido acudió a confesar antes de perderse.
El corazón del argumento gubernamental es simple: si todas las dependencias, fiscales, servicios financieros, aerolíneas, y hasta empresas de paquetería están conectadas, encontrar a alguien será tan fácil como rastrear un paquete de Amazon. En teoría.
La intención es clara: combatir la crisis de desapariciones, una deuda social que ha crecido como una mancha de aceite. Se propone también un Banco Nacional de Datos Forenses, una Base Nacional de Carpetas de Investigación y una serie de unidades especializadas que, si operan como se describe, podrían acelerar los procesos de localización. Las desapariciones deberían investigarse desde el primer momento, sin esperar 72 horas, como si las primeras horas no fuesen vitales.
Pero en medio del entusiasmo institucional, emergen las voces críticas, que no están dispuestas a tragar entero el discurso de “más datos, más justicia”.
Jorge Alcocer, analista político, lanza una advertencia tan precisa como incómoda: “La CURP no fue diseñada para esto. Ya tuvimos un proyecto fallido de cédula digital en 2019”. A lo que se suma la preocupación por un posible uso político de la información bajo el manto de la seguridad. ¿No estaremos frente a una sofisticada forma de vigilancia con sello democrático?
Edmundo Jacobo, ex secretario ejecutivo del INE, va más allá y dibuja el escenario de un “Estado policíaco” al estilo Bukele: eficaz en apariencia, pero con libertades haciendo fila en migración. Para él, la reforma carece de contrapesos y pone demasiado poder en manos de la Secretaría de Seguridad. Porque si algo ha enseñado la historia, es que los sistemas de vigilancia sin frenos tienden a desbarrancar.
La presidenta Sheinbaum, por su parte, insiste en que todo se hará con respeto a la privacidad. Aunque el INE deberá compartir su base de datos sin que medie orden judicial, se asegura que el resguardo de datos personales estará garantizado. Palabra de honor institucional.
Pero como dice el dicho, “cuando el río suena, biométricos lleva”. Las comparaciones con sistemas autoritarios y el historial de proyectos fallidos no son paranoia, sino contexto. Y si bien es evidente que México necesita mejores herramientas para enfrentar la tragedia de las desapariciones, también lo es que la concentración de datos tan sensibles merece una vigilancia… ciudadana, no digital.
Finalmente, la pregunta no es si la CURP podrá ayudar en la búsqueda de personas desaparecidas. La pregunta es si esta reforma terminará siendo realmente una solución o una sofisticada cortina de humo con código QR.
