La sentencia a cinco años de prisión para Caín Velásquez, ex campeón de la UFC, marca un punto de inflexión donde la justicia institucional colisiona con la justicia emocional. En febrero de 2022, el peleador persiguió por más de 17 kilómetros y disparó contra una camioneta que transportaba a Harry Goularte, acusado de abusar sexualmente del hijo de Velásquez, un niño de apenas cuatro años. Sin embargo, el proyectil alcanzó a Paul Bender, padrastro del presunto agresor, no al objetivo del ataque. La ley no titubeó: intento de asesinato, asalto agravado y uso indebido de armas.
Velásquez aceptó responsabilidad y se declaró culpable en noviembre de 2023 como parte de un acuerdo con la fiscalía. Su sentencia se redujo considerando el tiempo que ya pasó detenido y podrá solicitar más beneficios por buena conducta. Además, deberá cumplir cuatro años de libertad condicional y someterse a un programa de salud mental.
Pero lo que distingue este caso del resto no es solo el nombre del acusado, sino el complejo debate que despierta: ¿qué ocurre cuando el dolor personal empuja a alguien a actuar fuera del marco legal? En palabras del juez Daniel Nishigaya, las acciones fueron “intencionales y conscientes” y ocurrieron “en una zona pública y a plena luz del día”. Sin embargo, el contexto emocional fue reconocido por todas las partes, incluyendo a la defensa que calificó el resultado como “agridulce”.
El caso también expone una grieta en el sistema legal: Goularte fue liberado sin fianza pese a las acusaciones de abuso sexual infantil en un centro operado por su madre. La percepción de impunidad fue el detonante emocional del exluchador, quien ha declarado abiertamente que su reacción fue equivocada: “No podemos tomar la ley en nuestras propias manos… sé lo que hice y sé que fue peligroso”.
El respaldo de la comunidad de las artes marciales mixtas no se hizo esperar. Muchos colegas y seguidores vieron en Velásquez a un padre desesperado más que a un agresor. Esta ola de apoyo contrasta con la contundencia del fiscal Jeff Rosen: “La decisión de un hombre de tomar la ley en sus propias manos dejó a un inocente herido… Si quieres hacer justicia en el condado de Santa Clara, por favor solicita una placa”.
Entre la rabia contenida y los principios del derecho, el caso Velásquez se instala en una zona incómoda: la del acto moralmente comprensible, pero legalmente reprobable. En una sociedad que exige tanto justicia como contención, el expeleador se convierte en un símbolo incómodo de lo que ocurre cuando los sistemas no responden con la misma velocidad que el dolor humano. Y aunque su sentencia pueda parecer corta para algunos o excesiva para otros, deja claro que la justicia por mano propia, por muy comprensible que parezca, tiene consecuencias.
