La Cámara de Diputados volvió a ser escenario de una decisión legislativa que deja más preguntas éticas que certezas jurídicas. Con 291 votos a favor —40 más de los requeridos—, el pleno desechó la solicitud de desafuero en contra del diputado de Morena y exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, acusado de tentativa de violación por su media hermana. La Sección Instructora, dominada por morenistas y aliados del PVEM, catalogó el expediente presentado por la Fiscalía de Morelos como “notoriamente improcedente”, justificando su decisión en una supuesta deficiencia probatoria. Sin embargo, detrás de este blindaje institucional se perfila algo más que una defensa técnica: una negociación política de conveniencia mutua entre el PRI y Morena.
El voto mayoritario a favor de desechar el proceso fue respaldado por Morena, el PVEM y —sí, aunque parezca contradictorio— el PRI. Esta última adhesión no fue gratuita ni sorpresiva. En el trasfondo de la decisión flota un presunto intercambio de favores: la protección a Blanco a cambio del congelamiento del proceso de desafuero contra el priista Alejandro Moreno Cárdenas, alias “Alito”, acusado de enriquecimiento ilícito durante su gubernatura en Campeche. Mientras a Blanco lo salvan con el argumento de que la Fiscalía no hizo bien su tarea, el proceso de Alito permanece “en pausa” por un amparo, y todo indica que también podría terminar desechado.
Esta supuesta alianza, aunque informal, se alinea con precedentes claros. En 2022, el PRI fue clave para aprobar la reforma constitucional que extendió la participación del Ejército en tareas de seguridad pública hasta 2028. Tras ese voto, el desafuero de Alito se “olvidó”. Ahora, tras el espaldarazo del PRI a Blanco, el círculo de protección parece cerrarse.
La sesión en San Lázaro fue tensa, con gritos cruzados de “¡No estás solo!” y “¡No llegamos todas!” entre bancadas polarizadas. El diputado Blanco, arropado por diputadas de Morena, subió a tribuna sin estar registrado en la lista de oradores, con la venia del presidente de la Mesa Directiva. Ahí, aseguró tener la conciencia tranquila, negó los hechos que se le imputan e incluso desconoció a la denunciante como su media hermana, pese a que existe un acta de nacimiento que confirma el parentesco. Más allá de la actuación del exfutbolista, lo que molestó a muchos fue el doble rasero y la permisividad institucional hacia un acusado de violencia sexual.
La discusión no sólo fue jurídica, fue profundamente política y feminista. Diversas diputadas, particularmente del PAN y Movimiento Ciudadano (MC), denunciaron la decisión como una traición a las mujeres. “No pueden traicionar sus ideales”, lanzó la emecista Anayeli Muñoz Moreno a las diputadas de Morena, recordándoles que su voto tendría consecuencias para millones de mexicanas que creyeron en un cambio con la primera mujer presidenta del país. El lema “¡No llegamos todas!” resonó como un reclamo a quienes, desde el poder, se olvidan de las víctimas.
Movimiento Ciudadano fue una de las pocas fuerzas que mantuvo una postura firme, ética y crítica frente al blindaje político. Sus representantes fueron los más contundentes al señalar que si Blanco se considera inocente, debería solicitar licencia y enfrentar la justicia como cualquier ciudadano. El bloque emecista denunció no sólo las deficiencias del expediente, sino el uso político del fuero como un escudo de impunidad.
Mientras tanto, la Sección Instructora —dirigida por el morenista Hugo Éric Flores y con mayoría oficialista— se mantiene como la bisagra donde se atascan, se diluyen o se desechan las demandas de justicia. El voto del panista Germán Martínez fue el único en favor de iniciar el proceso. El resto, alineados en bloque, cumplieron con una coreografía política perfectamente ejecutada: blindar a los suyos mientras simulan institucionalidad.
Lo que ocurrió en el Congreso no sólo es legalmente cuestionable, sino éticamente inaceptable. No puede normalizarse que quienes son señalados por delitos graves —como tentativa de violación o enriquecimiento ilícito— se escuden tras tecnicismos o acuerdos de impunidad entre partidos. Mucho menos cuando el país presume de una transformación, de un compromiso con las mujeres y con la justicia.
A fin de cuentas, el mensaje es claro: mientras seas útil políticamente, tendrás fuero, respaldo y silencio institucional. Lo que para muchos parecía un error aislado, se revela como parte de una estrategia más amplia de protección cruzada. El desafuero de Blanco fue desechado, el de Alito está congelado y la justicia, una vez más, quedó en pausa.
