Norma Andrade, fundadora de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, ha dedicado los últimos 24 años de su vida a la búsqueda de justicia por el feminicidio de su hija Lilia Alejandra García Andrade, quien fue asesinada en Ciudad Juárez en 2001. Su testimonio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) este 26 de marzo marca un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en casos de feminicidio en México, país que, pese a contar con leyes y protocolos contra la violencia de género, sigue siendo señalado por la corrupción, negligencia y falta de acción efectiva en la prevención y resolución de estos crímenes.
Lilia Alejandra desapareció el 14 de febrero de 2001, cuando tenía solo 17 años. A pesar de que su madre acudió de inmediato a la Fiscalía de Chihuahua, las autoridades le indicaron que debía esperar 72 horas para iniciar la búsqueda. La falta de respuesta y de acción inmediata por parte de la fiscalía se evidenció al momento en que, una semana después, se encontró el cuerpo de Lilia Alejandra en un terreno baldío, presentando signos de tortura y abuso sexual. Este tipo de respuestas sistemáticas, que minimizan la desaparición de mujeres, reflejan la indolencia de las autoridades mexicanas frente a la violencia feminicida.
El caso de Lilia Alejandra no solo representa el dolor de una madre que ha perdido a su hija de una manera brutal, sino también el ejemplo de la falla del Estado mexicano para proteger y hacer justicia a las mujeres. A lo largo de estos años, la investigación del caso pasó por múltiples fiscales y ministerios públicos sin obtener avances sustanciales, además de ser una historia de encubrimiento y manipulación de pruebas. Una línea de investigación prometedora, relacionada con un agente ministerial cuyo ADN coincidió con el de un agresor en al menos tres feminicidios adicionales, fue ignorada por las autoridades. En su lugar, se fabricó la responsabilidad de un presunto culpable, Manuel Navarro, cuya vinculación con el caso no ha sido confirmada por pruebas de ADN.
Norma Andrade, quien sufrió dos atentados contra su vida debido a su activismo y lucha por justicia, ha sido víctima del propio sistema que no protege a quienes se atreven a desafiarlo. En 2011, fue baleada en Ciudad Juárez, y en 2012, sufrió un intento de asesinato en Ciudad de México. No obstante, lejos de ceder ante la intimidación y el dolor, Andrade ha mantenido firme su promesa de buscar justicia, no solo para su hija, sino para todas las víctimas de feminicidio en México. La activista ha declarado que este proceso ante la Corte Interamericana es el cierre de una etapa en su lucha, pero también el inicio de una nueva fase en la que espera que las autoridades mexicanas finalmente rindan cuentas.
El Estado mexicano, representado por funcionarios del Ministerio Público y la Cancillería, reconoció parcialmente su responsabilidad en el caso, especialmente por las deficiencias en la investigación inicial, pero sigue defendiendo la investigación y la detención de Navarro, a pesar de que no existe evidencia sólida que lo vincule directamente con el feminicidio de Lilia Alejandra. La Corte IDH tendrá la última palabra sobre la responsabilidad del Estado mexicano en este caso emblemático de impunidad. Sin embargo, lo que es indiscutible es que el proceso ha visibilizado la grave crisis de violencia feminicida en México, donde el sistema de justicia parece diseñado para proteger a los agresores en lugar de a las víctimas.
Es importante señalar que el caso de Lilia Alejandra no es aislado. Ciudad Juárez, la ciudad en la que ocurrió el feminicidio, ha sido históricamente un epicentro de violencia feminicida. A pesar de las reformas y protocolos implementados tras la sentencia de Campo Algodonero en 2009, el número de feminicidios ha aumentado. Según datos de la Corte IDH, actualmente se registran más feminicidios en el país que cuando se emitió dicha sentencia. Esto demuestra que las políticas públicas y reformas legislativas no han logrado frenar la violencia ni proporcionar justicia para las víctimas, lo que subraya la urgencia de revisar y reestructurar los mecanismos de justicia en México.
Norma Andrade, en su intervención ante la Corte, ha pedido que se reconozca la responsabilidad del Estado mexicano por su omisión y negligencia, y que se garantice una justicia que no solo reconozca el sufrimiento de las víctimas, sino que también promueva políticas públicas que protejan a las mujeres y a sus familias, especialmente a los niños huérfanos por feminicidio, quienes quedan desamparados y desprotegidos por un sistema que no ofrece las garantías necesarias para su bienestar.
El caso de Lilia Alejandra es solo la punta del iceberg de una problemática mucho más amplia que afecta a miles de mujeres en México. La omisión del Estado, la corrupción de las instituciones encargadas de velar por la justicia y la falta de un enfoque real de género en la investigación de feminicidios contribuyen a que la violencia machista siga siendo una constante en la vida de las mujeres mexicanas. Norma Andrade, con su incansable lucha, ha puesto en evidencia estas fallas, y su testimonio ante la Corte Interamericana podría ser el catalizador para un cambio significativo en la manera en que México enfrenta la violencia contra las mujeres.
Este caso no solo es una oportunidad para que el Estado mexicano rinda cuentas, sino también una llamada de atención para la comunidad internacional, que debe unirse en la lucha contra la impunidad y exigir que los derechos humanos de las mujeres sean respetados y protegidos. En este sentido, el caso de Norma Andrade y su hija Lilia Alejandra debe ser recordado no solo como un ejemplo de dolor y sufrimiento, sino también como un símbolo de resistencia y esperanza para todas las mujeres que luchan por justicia en México.
