El caso del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha encendido una nueva etapa en la respuesta institucional frente a la crisis de desapariciones en el país. Lejos de rehuir responsabilidades, el Gobierno de Jalisco, encabezado por el gobernador Pablo Lemus, ha dejado claro que colaborará plenamente con la Federación y, al mismo tiempo, mantendrá abiertas las investigaciones locales para garantizar justicia integral.
Desde distintos espacios —informes oficiales, intervenciones ante la comunidad universitaria y mensajes a la ciudadanía— Lemus ha reiterado un mensaje central: “En Jalisco no hay y no habrá carpetazos”. Esta frase, más que un eslogan, se ha convertido en la base de una política pública que busca atender de manera frontal y transparente una de las problemáticas más sensibles para la sociedad jalisciense y mexicana.
A pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) ha atraído formalmente el caso, el Gobierno de Jalisco no ha asumido una postura pasiva. Por el contrario, ha reafirmado su voluntad de colaboración plena y de continuar sus propias líneas de investigación. Esta doble vía de actuación muestra una actitud responsable y corresponsable, reconociendo la magnitud del problema y la necesidad de sumar esfuerzos institucionales.
Lemus ha sido enfático al destacar que la prioridad son las víctimas y sus familias. Por ello, mantiene reuniones periódicas con colectivos de búsqueda, madres buscadoras y organizaciones civiles. Asimismo, ha convocado a universidades, empresas y sociedad civil a colaborar en la prevención de este fenómeno, particularmente en la concientización sobre ofertas laborales fraudulentas que han sido utilizadas como mecanismos de captación para la desaparición de personas.
El gobierno estatal también ha emprendido acciones concretas para fortalecer la capacidad institucional: la creación de la Secretaría de Búsqueda de Personas, el incremento de recursos para fiscalías especializadas y la implementación del sistema C5 —una red de inteligencia y vigilancia de alta tecnología— son medidas que reflejan una estrategia integral de combate a las desapariciones, desde la prevención hasta la procuración de justicia.
Más allá del discurso, el enfoque adoptado por la actual administración se traduce en una narrativa de corresponsabilidad y voluntad de cambio. El propio gobernador ha reconocido que la desaparición de personas es la principal tragedia que enfrenta el país, sin distinguir partidos, regiones o tiempos de gobierno. Esta postura rompe con la tentación de deslindarse por razones políticas y envía un mensaje de madurez institucional.
Frente a un hecho tan doloroso como el descubierto en Teuchitlán, el Gobierno de Jalisco ha optado por actuar con apertura, empatía y compromiso. El camino hacia la erradicación de las desapariciones no es sencillo, pero los pasos dados hasta ahora muestran una clara disposición a enfrentar este desafío de la mano de la ciudadanía, colectivos y el gobierno federal.
