En un país donde el robo de combustible ha pasado de las tomas clandestinas en los campos a operaciones logísticas de escala casi empresarial, el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en Altamira, Tamaulipas, no es solo una cifra escandalosa: es una postal del estado actual del “huachicol 2.0”. El operativo, realizado el pasado 19 de marzo y presentado oficialmente el 31, ha sido descrito por autoridades como un “decomiso histórico”, tanto por el volumen incautado como por su grado de sofisticación.
Más allá de los titulares rimbombantes, lo incautado revela una estructura logística que ya desborda los clásicos métodos de extracción desde ductos de Pemex. Según informes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el operativo incluyó la interceptación de un buque que aparentaba transportar aditivos para aceites lubricantes. La carga real: diésel almacenado en 192 contenedores, además de armamento, tractocamiones, vehículos y equipos de cómputo. El hallazgo se expandió a dos predios distintos: uno operado por una empresa de fletes y otro en el Ejido Ricardo Flores Magón. En total, se aseguraron también 10 millones de litros del combustible, armamento ligero, cartuchos, documentación y equipo tecnológico.
Pero mientras Tamaulipas acapara la atención, Baja California también entra al radar del combate al huachicol. Apenas dos días antes, se aseguró un predio en Ensenada con casi 8 millones de litros de hidrocarburos, en lo que ha sido llamado “el decomiso de oro negro más grande en un solo sitio”. A diferencia del caso tamaulipeco, este predio fue vinculado a un exsenador de Morena, Gerardo Novelo Osuna, quien declaró haber rentado el terreno a un particular. Aunque la operación aparenta ser más “local”, también conecta con redes de almacenamiento y transporte bien estructuradas.
La narrativa oficial enfatiza la coordinación entre dependencias —Marina, FGR, Guardia Nacional, SSPC— como clave para el éxito de estos decomisos. No obstante, la magnitud y alcance de los hallazgos invitan a preguntarse cómo pudo mantenerse operando una red de este tamaño durante tanto tiempo sin ser detectada. Las rutas, vehículos y terrenos implican una cadena de complicidades o, cuando menos, omisiones logísticas que requieren más que vigilancia militar: requieren voluntad política sostenida, inteligencia financiera y un rediseño completo del sistema de distribución de energéticos.
Otro punto no menor es que este decomiso ocurre en plena intensificación de los patrullajes por parte de Salvaguardia Estratégica de Pemex, una estrategia que busca cortar el problema desde el campo. Pero los hallazgos recientes indican que el huachicol ya no depende exclusivamente de los ductos. Estamos frente a redes que han evolucionado a operaciones marítimas, uso de empresas fachada y almacenamiento a gran escala, lo que complica la trazabilidad del delito.
Las autoridades aseguran que estos golpes son parte de una estrategia nacional más amplia contra el Mercado Ilícito de Hidrocarburos y Petroquímicos (MIHPP). Sin embargo, si bien se celebran las cifras del decomiso, falta claridad sobre el destino jurídico de los involucrados. Más allá de la incautación de bienes, la desarticulación real de estas redes requiere nombres, procesos penales y —en un mundo ideal— condenas ejemplares.
Por ahora, la narrativa se sostiene en los litros asegurados. Pero el verdadero triunfo llegará cuando las redes que hacen posible que un buque cargado de huachicol navegue hasta un puerto mexicano, sin levantar sospechas, ya no puedan operar con tal impunidad.
