La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a través de la Conapesca, y la Secretaría de Marina coordinarán esfuerzos mediante la implementación de mecanismos de supervisión y control, que permitan verificar el cumplimiento de las normativas pesqueras y acuícolas del país
La Marina desempeñará un papel fundamental en la vigilancia marítima, al ejercer funciones de guardia costera para el mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y la Secretaría de Marina (MARINA) firmaron un convenio general de colaboración para fortalecer la vigilancia, inspección y cumplimiento de la legislación en materia de pesca y acuacultura en aguas de jurisdicción federal.
AGRICULTURA, a través de la Conapesca, y la MARINA acuerdan coordinar esfuerzos mediante la implementación de mecanismos de supervisión y control que permitan verificar el cumplimiento de las normativas pesqueras y, para ello, se destinarán recursos humanos, materiales y económicos conforme a la disponibilidad presupuestal. Asimismo, se prevé la suscripción de convenios específicos que detallarán acciones concretas, incluidos programas de inspección, capacitación y supervisión operativa con la participación de unidades administrativas y operativas de cada institución.
Dentro de este esquema de colaboración, la MARINA desempeñará un papel fundamental en la vigilancia marítima, al ejercer funciones de guardia costera para el mantenimiento del Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas. Por su parte, AGRICULTURA —con apoyo del personal de la Conapesca— se encargará de establecer y coordinar la política nacional en materia de pesca y acuacultura y, de esta manera, asegurar la correcta aplicación de los programas y estrategias de inspección y vigilancia, así como la administración de sanciones en caso de incumplimiento.
El convenio tendrá una vigencia al 30 de septiembre de 2030, con la posibilidad de ser prorrogado por acuerdo mutuo.
El convenio contempla un mecanismo de seguimiento mediante reuniones periódicas entre representantes de las instituciones involucradas, con la intención de garantizar la evaluación y mejora continua de las estrategias implementadas. Con ello, las autoridades buscan fortalecer la protección de los recursos pesqueros y acuícolas, fomentar la legalidad en las actividades del sector y contribuir a la seguridad alimentaria y sustentabilidad de los mares nacionales.
Este acuerdo se enmarca en las disposiciones de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS) y otras normativas nacionales e internacionales aplicables para garantizar el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y la prevención de la pesca ilegal.
