En el universo de la música regional mexicana, donde los corridos son tradición y controversia a partes iguales, Los Alegres del Barranco acaban de cruzar una línea que ni las letras ni los escenarios logran justificar ante los ojos del gobierno estadounidense. A raíz de un concierto en Guadalajara, la agrupación sinaloense perdió sus visas de trabajo y turismo para ingresar a Estados Unidos, lo que vuelve a abrir un debate incómodo: ¿hasta dónde puede llegar la exaltación del narco sin consecuencias?
El incidente se remonta a su presentación del 29 de marzo en el Auditorio Telmex, donde la banda interpretó “El del Palenque” y otros corridos mientras en las pantallas se proyectaban imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, y Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según versiones coincidentes, se trató de una puesta en escena que incluyó gallos de pelea digitales, frases como “yo soy el dueño del palenque” y recreaciones de detenciones del líder del CJNG, generadas por inteligencia artificial. En paralelo, sonaban letras que dejaban poco a la imaginación: referencias explícitas al cártel jalisciense y a la Tierra Caliente como cuna del personaje.
Para muchos, fue un espectáculo; para las autoridades estadounidenses, una apología al terrorismo. El Departamento de Seguridad Interior confirmó al diario El Universal que la revocación de las visas se debió a la promoción de una organización designada como terrorista por ese país. Y es que el CJNG no es cualquier agrupación criminal: su historial de violencia y expansión ha colocado al cartel bajo la lupa del Tesoro y otras agencias desde hace años.
El hecho ha sido condenado públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. La mandataria nacional llamó a abrir una investigación y cuestionó la responsabilidad de los organizadores del evento. Lemus, por su parte, reiteró la necesidad de dejar de normalizar este tipo de representaciones. La indignación institucional coincide con otro hallazgo alarmante: un rancho de adiestramiento del CJNG descubierto en Teuchitlán, a menos de una hora del auditorio.
No es la primera vez que artistas del regional mexicano se ven involucrados en polémicas por vínculos (directos o simbólicos) con el narcotráfico. En 2017, el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez fueron señalados por el Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero. En 2018, el promotor Jesús Pérez Alvear fue acusado de operar para el CJNG y Los Cuinis; su historia terminó en un asesinato en Polanco en 2024.
Pero el caso de Los Alegres tiene un matiz distinto: no se trata de transacciones ocultas, sino de actos públicos, visibles, transmitidos y viralizados. La agrupación, formada en 2005 en Culiacán, ha cimentado buena parte de su fama en corridos que glorifican a personajes como El Chapo, como lo muestra su tema “701” (en referencia al lugar que Forbes asignó al capo en su famosa lista de millonarios). Es parte del repertorio habitual que encuentran sus seguidores en plataformas como Spotify, donde también figuran títulos como “Soy cuatro letras” y “El Doble R”.
El dilema, entonces, va más allá del castigo individual. ¿Debe la música asumir una responsabilidad ética cuando sus letras y espectáculos rozan —o abrazan— la glorificación del crimen organizado? ¿Puede un corrido ser solo entretenimiento cuando es acompañado de proyecciones que simulan la captura de líderes narcos?
Mientras las autoridades investigan y los boletos a EE. UU. quedan cancelados, lo cierto es que Los Alegres del Barranco se suman a la lista de artistas que han comprobado que cantar sobre narcos puede costar caro. La diferencia esta vez es que no basta con decir que es “parte de la cultura”: en un escenario global cada vez más vigilante, la línea entre identidad y apología es más delgada que nunca.
