Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tenía 20 años. Tenía una comunidad universitaria que la apoyaba. Tenía amigas que la buscaron por redes y a pie. Tenía una vida que fue brutalmente arrebatada. Y ahora, lo que queda es una exigencia colectiva: justicia, pero no de la que se promete en boletines, sino la que se traduce en verdad, responsabilidad y garantías de no repetición.
La madrugada del viernes 4 de abril, Aylin fue hallada sin vida dentro de una vivienda en Jiutepec. Las autoridades confirmaron que fue víctima de una golpiza letal. La última vez que se le vio con vida fue el día anterior. Horas después, vecinos reportaron gritos y agresión. Llegaron los paramédicos, pero era tarde. El cuerpo de Aylin ya no tenía signos vitales. Según los primeros reportes, el presunto responsable es su pareja sentimental, quien fue detenido en el lugar.
Este caso no es solo una tragedia personal o un número más en las estadísticas de feminicidio. Es un grito de auxilio, una llamada urgente que estudiantes, docentes y familiares han lanzado con desesperación. La UAEM, a través de un comunicado oficial, condenó enérgicamente el feminicidio y exigió una investigación “con perspectiva de género”, pero los comunicados no bastan. El rectorado pidió prevención y atención a las violencias, mientras los estudiantes salieron a las calles, a las aulas y a los silencios colectivos con veladoras, pancartas y dolor en el rostro. No estamos todas. Falta Aylin.
Las movilizaciones que siguieron a su muerte no fueron actos espontáneos de duelo, sino de hartazgo. Hartazgo ante un sistema que responde tarde, que protege mal y que actúa solo cuando los reflectores lo obligan. Los compañeros de Aylin, con pañuelos morados y vestimenta negra, marcharon en silencio pero con mensajes contundentes: “Hasta mi último suspiro gritaré tu nombre”, “Psicología está de luto”. La exigencia fue clara: justicia, y un alto a la violencia que se repite.
Desde la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, Erik Sánchez resumió la angustia colectiva: “Nos encontramos devastados. Ya nos hemos manifestado por la falta de seguridad. Hoy, perdimos a una compañera”. ¿Cuántas veces más habrá que repetirlo para que la exigencia no se disuelva en promesas huecas?
La Fiscalía de Morelos asegura que actúa bajo protocolos con perspectiva de género y derechos humanos. Lo dice su comunicado. Lo repiten sus portavoces. Pero el cuerpo de Aylin y la indignación de su comunidad evidencian una brecha entre el papel y la realidad. Mientras la investigación continúa, lo que no puede continuar es la impunidad.
Porque Aylin no fue la primera, y si el sistema no cambia, no será la última. Y eso no es solo inaceptable: es criminal.
