La figura de Andrea Chávez, senadora morenista por Chihuahua, se ha convertido en el epicentro de un debate que va más allá de las ambulancias con su rostro o los colores partidistas pintados sobre ruedas. La controversia ha puesto en evidencia un vacío normativo dentro de Morena respecto a los tiempos y formas de promoción política, justo cuando las elecciones intermedias de 2027 apenas asoman en el horizonte.
El desencadenante fue una serie de giras llamadas “Caravanas de Salud”, encabezadas por Chávez, que han sido señaladas como actos anticipados de campaña por la oposición y parte de la opinión pública. Las acusaciones escalan desde el uso indebido de recursos —como ambulancias presuntamente financiadas por empresarios afines al partido— hasta delitos más graves como lavado de dinero, peculado y promoción ilegal. A estos señalamientos se suman denuncias del PRI y del PAN, quienes han llevado el caso ante la FGR, no sólo por la acción política en sí, sino por una posible red de corrupción con contratos gubernamentales por más de 2,500 millones de pesos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó distancia de las sanciones —atribuyéndolas a la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena—, pero no del debate. Como “modesta militante con licencia”, Sheinbaum anunció el envío de una carta a la dirigencia del partido para recomendar el establecimiento de reglas claras. No una orden, insiste, sino una sugerencia para “que nadie se adelante a nada” y para preservar lo que ella describe como la ética de la Cuarta Transformación.
Las palabras de Sheinbaum no fueron neutrales ni protocolarias: fueron un llamado directo a su partido para evitar la repetición de casos similares, no sólo por legalidad electoral, sino por coherencia ideológica. “No es un asunto de llegar al poder por llegar al poder”, sentenció desde el Salón Tesorería. Reiteró que el centro del movimiento debe seguir siendo la transformación del país, guiado por principios como “primero los pobres” y “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.
Pero más allá del gesto de institucionalidad, el caso revela grietas internas. La propia presidenta reconoció que el tema fue discutido con líderes legislativos de Morena, donde se expresó preocupación por la necesidad de normar las precampañas, ya no sólo para evitar sanciones externas, sino para asegurar la unidad partidaria.
La respuesta de Chávez fue breve, casi escueta. Al ser cuestionada sobre las declaraciones de la presidenta, se limitó a decir: “Ya les dije que estoy de acuerdo con la presidenta”. Sin entrar en detalles, ni aceptar responsabilidad ni rechazar las acusaciones, su postura deja más preguntas que certezas.
Mientras tanto, otras voces dentro del partido, como la de Gerardo Fernández Noroña, advierten que lo de Chávez no es un caso aislado. Existen otros actores y acciones similares en el radar del partido, lo que refuerza la urgencia del llamado presidencial. No se trata solo de un “jalón de orejas”, como lo describió un medio, sino de una posible redefinición de los códigos internos de Morena rumbo a su futuro electoral.
El trasfondo es complejo: Morena enfrenta el reto de mantenerse como un movimiento que predica la transformación social y política, pero que cada vez más se ve forzado a operar como un partido tradicional, con disputas internas, intereses cruzados y militantes con aspiraciones anticipadas. En ese sentido, lo que está en juego no es sólo la gubernatura de Chihuahua en 2027, sino la consistencia ideológica de un movimiento que prometió ser distinto.
Entre sugerencias disfrazadas de neutralidad, denuncias penales con carga política y caravanas de salud convertidas en espectáculos de campaña, el episodio de Andrea Chávez se perfila como un parteaguas. Sheinbaum parece entender que, si quiere mantener cohesionada a su fuerza política, el tiempo de las sugerencias puede estar por agotarse.
Morena está a tiempo de decidir si sus reglas serán construidas desde la ética o desde la conveniencia. Pero la ventana para hacerlo sin fracturas se está cerrando.
