Por primera vez en la actual legislatura, el Senado de la República frenó una iniciativa del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM. El punto de quiebre fue el rechazo de la lista con 56 aspirantes a magistrados de tribunales electorales locales en 30 estados del país. Aunque la propuesta fue respaldada por 72 senadores, no alcanzó la mayoría calificada —faltaron tres votos— para ser aprobada, y con ello se marcó una derrota inédita para el oficialismo en el sexenio.
La votación no solo evidenció la fuerza de la oposición, que celebró con un “¡Sí se pudo!”, sino también la fragmentación interna en el bloque mayoritario. Entre ausencias de legisladores tanto de Morena como de partidos aliados y opositores, el pleno del Senado quedó con 112 votos efectivos, un detalle que resultó decisivo. El hecho de que Morena no asegurara la presencia de todos sus legisladores revela tensiones internas o, cuando menos, una estrategia mal ejecutada.
Sin embargo, el fondo del conflicto va más allá del conteo de votos. Lo que detonó el rechazo fue la percepción de que la lista de aspirantes —seleccionados entre más de mil personas— respondía a intereses partidistas. Legisladores del PAN y de Movimiento Ciudadano acusaron que el proceso fue una “simulación”, denunciando que varios perfiles incluidos tenían vínculos cercanos con Morena. La senadora Guadalupe Murguía calificó todo el procedimiento como una “farsa”, mientras Clemente Castañeda señaló que se trataba de una selección basada en “cuotas y cuates”.
Estas denuncias no son nuevas, pero adquieren mayor peso cuando se encuadran en el actual contexto político: estamos a menos de un año de las elecciones presidenciales y, si bien la reforma judicial plantea elegir jueces y magistrados por voto popular, esta aún no toca la designación de magistrados estatales, que siguen siendo facultad del Senado. Por ello, el intento del oficialismo por avanzar con una lista cuestionada prende alertas sobre la imparcialidad de las autoridades electorales locales.
Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reconoció la derrota como una oportunidad de “reflexión” para el oficialismo y llamó a “hacer a un lado la arrogancia”. De inmediato, la Junta de Coordinación Política fue instruida para presentar una nueva propuesta de magistrados, lo cual deberá ocurrir en los días siguientes.
La escena deja ver que las instituciones democráticas todavía tienen espacios para la negociación y el contrapeso, pero también expone una dinámica preocupante: los mecanismos de designación están siendo utilizados como herramientas de poder más que como garantías de imparcialidad judicial. Y en tiempos electorales, eso no es solo un detalle técnico, es un asunto de confianza democrática.
