Donald Trump ha dejado clara su intención de intensificar su política arancelaria, esta vez apuntando a la industria farmacéutica. El objetivo declarado es forzar el retorno de la producción de medicamentos a suelo estadounidense, amparándose en la idea de que “somos el gran mercado” y que las empresas “volverán corriendo” al país. Esta nueva medida se suma a una batería de gravámenes previos que ya han impactado a sectores como el acero, el aluminio y los automóviles, así como a productos de origen chino, con tarifas que han superado el 100%.
Desde un enfoque estrictamente político, los anuncios se han producido en escenarios estratégicamente elegidos: actos del Comité Nacional Republicano, recaudaciones de fondos y discursos que buscan fortalecer su narrativa de protección económica y autosuficiencia nacional. La retórica de Trump no es casual: acompaña sus anuncios con frases de alto impacto mediático —como afirmar que líderes de otros países lo buscan “para besarle el trasero”— para reforzar la imagen de un negociador implacable.
Sin embargo, detrás del show retórico hay señales claras de riesgo. El impacto potencial de los aranceles sobre los medicamentos ha encendido alertas en los mercados internacionales: un índice europeo de empresas de atención médica tocó mínimos de dos años y medio tras el anuncio, y compañías como AstraZeneca, Novo Nordisk y Roche sufrieron caídas bursátiles de hasta un 7%. Aunque estas pérdidas se moderaron, el mensaje es claro: la política arancelaria de Trump no solo sacude a sus adversarios económicos, sino que también introduce volatilidad e incertidumbre en sectores críticos de la economía global.
La evaluación precisa del impacto económico de estos nuevos aranceles es aún compleja. Como apuntan analistas de Bloomberg Intelligence, la falta de trazabilidad en la cadena de producción de medicamentos hace difícil saber qué tan expuestas están realmente las farmacéuticas. Aun así, firmas con márgenes brutos más bajos como Pfizer, Sanofi o Bristol-Myers Squibb podrían ser las más afectadas si los costos de producción y distribución se disparan por las barreras comerciales.
Trump ha defendido estas medidas como una forma de “recaudar miles de millones de dólares al día” y como el motor de una reindustrialización americana. Pero economistas y organismos internacionales, como la ONU, han advertido sobre los riesgos de una guerra comercial prolongada. António Guterres, secretario general del organismo, fue enfático: “En una guerra comercial, todos tienden a perder”, señalando que las economías en desarrollo serían las más golpeadas.
La estrategia de Trump responde tanto a necesidades internas como a una visión confrontativa del comercio exterior. En el fondo, su plan parece una reedición del clásico “Estados Unidos primero”, pero actualizado con tácticas de presión agresiva. Los aranceles no se presentan como un fin, sino como una herramienta de negociación. “Tráigannos sus mejores ofertas y él las escuchará”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, posicionando a Trump como un empresario dispuesto a regatear hasta la última cláusula de los tratados comerciales.
Sin embargo, no hay claridad sobre los detalles técnicos de los aranceles a productos farmacéuticos. Aún no se ha iniciado una investigación formal bajo la sección 232 —el mecanismo legal utilizado para justificar aranceles por razones de seguridad nacional— y no hay calendario oficial para su implementación. Esto deja un amplio margen a la especulación y la incertidumbre, tanto para las farmacéuticas como para los consumidores.
La apuesta por una industria farmacéutica nacionalizada puede parecer estratégica en tiempos de tensiones geopolíticas o posibles pandemias. Pero en el corto plazo, estas medidas podrían traducirse en mayores costos para los sistemas de salud, complicaciones en las cadenas de suministro globales y un nuevo capítulo en la prolongada guerra comercial que Trump ha convertido en el eje central de su política económica.
