- Legisladores del PAN se reúnen con el colectivo Madres en Resistencia y escuchan denuncias de abandono institucional
- Senadores panistas votan en contra de la destitución del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU
Señalan retroceso en la cooperación internacional en derechos humanos
Las desapariciones de personas fueron tema central en el Senado de la República. En el pleno legislativo se propuso un pronunciamiento para solicitar la destitución de Olivier de Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. En paralelo, senadores del PAN se reunieron con el colectivo Madres en Resistencia, según informó el senador Toño Martín del Campo.
Durante el encuentro, las madres buscadoras denunciaron el abandono sistemático por parte del Estado mexicano y exigieron el reconocimiento oficial de que la desaparición forzada existe en el país. Expresaron que muchas continúan la búsqueda de sus hijos sin recibir apoyo ni respuestas de las autoridades. Además, manifestaron su intención de establecer contacto con representantes de la ONU para visibilizar su causa a nivel internacional.
Toño Martín del Campo reiteró su compromiso con las víctimas, afirmando que seguirán acompañando a las madres buscadoras y promoviendo mecanismos efectivos de atención, sin simulación, sin revictimización y sin encubrimientos.
En cuanto al pronunciamiento aprobado por mayoría en el pleno, éste fue impulsado desde la presidencia de la Mesa Directiva, con el respaldo del bloque oficialista conformado por Morena, PT y PVEM. Frouville fue criticado por un informe en el que señala que existen indicios fundados de desapariciones forzadas de carácter sistemático y generalizado en México.
El senador Martín del Campo, al igual que el resto del grupo parlamentario del PAN, votó en contra del pronunciamiento, argumentando que representa un retroceso en la cooperación internacional en materia de derechos humanos. Los senadores panistas advirtieron que esta acción convierte al Senado en un instrumento político para proteger la imagen del régimen, en lugar de cumplir con su deber de exigir rendición de cuentas y garantizar los derechos humanos.
